Por la afectación en la producción de distintos cultivos como consecuencia de inundaciones, heladas y granizos, ayer el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Santiago del Estero, a través de las resoluciones 75, 76, 77 y 78/2019 de la Secretaría de Agroindustria, publicadas en el Boletín Oficial.
Para Santa Fe, el estado de emergencia corre desde el pasado 1° de enero y hasta el 31 de diciembre próximo para las explotaciones agropecuarias afectadas por exceso de precipitaciones e inundaciones temporarias en diferentes zona de esa provincia. Para Mendoza, rige también desde el primer día de este año y finaliza el 31 de marzo de 2020, y abarca a las explotaciones agropecuarias de diversos distritos mendocinos.
Para Tucumán, la emergencia rige en todo el territorio provincial por un plazo de 365 días corridos a partir del 1 de octubre de 2018 para las explotaciones de arándano, y por el mismo plazo a partir del 30 de octubre de 2018 para las explotaciones de cultivos de garbanzo, trigo y papa consumo “primicia” que hayan sido afectadas por las intensas precipitaciones entre octubre y noviembre del año pasado.
En el caso de Santiago del Estero, la emergencia se dictó por un plazo de doce meses a partir del 1° de enero de este año, a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundaciones que se encuentran ubicadas en determinadas zonas de esta parte del país.
La ley de emergencia agropecuaria propone una serie de beneficios impositivos y financieros. Entre ellos, la prórroga del vencimiento del pago de impuestos, como ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales. También permite suspender el inicio o ejecución fiscal de juicios por cobro de impuestos adeudados, y, en caso de registrarse la venta forzada de hacienda, ésta se podrá deducir 100% de los beneficios de ganancias.
