Pasado el mediodía del jueves, un grupo de encapuchados ingresó violentamente en la Oficina de Turismo de El Bolsón y generó destrozos y amenazó a trabajadores y visitantes. Se trata de 30 personas que responderían a la comunidad mapuche de Quemquemtreu.
El incidente duró 2 horas y ocurrió tras conocerse que el juez Gregor Joos rechazó el pedido de la defensa de esta comunidad de suspender la orden de desalojo del predio de Cuesta del Ternero, donde se encuentran actualmente.
La directora de Turismo de El Bolsón, Sofía Seroff, comentó tras el incidente que además de los encapuchados dentro del edificio, “afuera se veían grupitos por todos lados”.
También dijo que los agresores los mantuvieron encerrados en la oficina hasta que “una empleada se puso muy nerviosa y pateó la puerta, rompiéndola”. De esta manera, pudieron escapar del edificio y ver desde afuera como continuaba el ataque.
“Veíamos cómo rompían y pintaban todo con aerosol, incluso las cámaras de seguridad. Escribieron cosas como 'El turismo mata', 'No al desalojo de la Lof Quemquemtreu' y 'No más muertes'”, continuó Seroff y concluyó que eran “sumamente violentos y estaban sacados. No vimos armas pero estábamos muy nerviosos todos”.
Además de los destrozos, se constató el robo de 2 notebooks y una base de radio con la que se comunicaban con los refugios de la montaña. “Tenemos a la policía muy cerca pero ellos deben tener orden para proceder. Fueron dos horas de ver cómo rompían todo. Ahora están los peritos relevando el lugar”, cerró.
El conflicto
El juez Gregor Joos está al frente del conflicto entre la comunidad Quemquemtreu y Rolando Rocco, empresario dueño del terreno en cuestión.
La comunidad ocupó Cuesta del Ternero -a 30 kilómetros de El Bolsón- el pasado 18 de septiembre, motivo por el cual, el empresario pidió a la justicia una orden de desalojo. En este predio fue asesinado de un disparo el mapuche Elías Garay y Gonzalo Cabrera resultó herido de gravedad.
Hace 12 días el juez había dispuesto la liberación del terreno y, de no ocurrir, había autorizado el uso de la fuerza para tal fin. La defensa había pedido su suspensión, por lo que, este lunes, el juez decidió otorgar una prórroga por 48 horas para que las partes -fiscalía, querella y defensoría- llegaran a una solución alternativa.
Sin embargo, vencido ese plazo y sin acuerdo alguno, el juez Joos avanzó hoy con la autorización de la orden de desalojo, sin dar lugar al pedido de suspensión de la defensa. Esta decisión desató la furia de la comunidad, que hoy se manifestó con este hecho.
