Lo que ocurrió en Rosario la semana pasada no fue un operativo más.
En el marco del "Plan Bandera", se enfrentó al tráfico de armas, un flagelo que ha convertido a muchas zonas de nuestro país, y particularmente de la ciudad, en un campo de batalla a cielo abierto.
Porque si hay algo que nunca podemos perder como Nación es el derecho a vivir sin miedo, y este operativo es el reflejo de un compromiso inquebrantable con la seguridad de todos.
Con la gestión de la ministra Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad de la Nación contempló, con carácter transversal a la lucha contra la criminalidad en todas las tipologías de operativos e inteligencia, el combate contra el tráfico de armamento y el mercado negro del mismo.
El fundamento es claro, y es que, mientras tengan armas, los delincuentes se sienten seguros. Por eso no se escatiman esfuerzos en desarmarlos.
En marzo de este año tuvo lugar el primer hito del Ministerio de Seguridad en esta materia. Se destruyeron 11.725 armas de fuego incautadas a nivel nacional, con un dato esencial que no se puede pasar por alto: el 50% de ellas venían de Rosario. Había pistolas, revólveres, escopetas, carabinas, fusiles, ametralladoras y hasta armamento casero tipo "tumbero".
Ese armamento presente en nuestras calles es una amenaza para la vida de los rosarinos de bien, de los jóvenes, las mujeres, los niños, los trabajadores y de las mismas fuerzas de seguridad.
Por eso en el Operativo Bandera, desde la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, en conjunto con el Departamento Antidrogas Litoral Rosario se lanzó, desde la constitución de este dispositivo de seguridad interior, una profunda investigación sobre los tenedores de armas en la región.
Por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gastón Ávila, a cargo del grupo de trabajo de armas de fuego, la Policía Federal Argentina llevó a cabo, como consecuencia de esta investigación mencionada, 32 allanamientos relacionados con la trazabilidad de armas y cartuchos que fueron utilizados en hechos delictivos.
- Inicialmente, se trataba de 25 procedimientos, pero en función del resultado obtenido, se ordenaron nuevos procedimientos entre los cuales se identificó una armería totalmente irregular, ubicada en Boulevard Seguí al 1700, al sur de la ciudad rosarina.
La escena que dejó la redada fue contundente: 122 armas decomisadas, la mayoría en manos de redes criminales vinculadas al narcotráfico. Y entre los detenidos, no sólo criminales, sino también individuos que se escudaban detrás de negocios en apariencia legales para proveer armas a quienes siembran terror en nuestras calles.
- Salió a la luz, por ejemplo, cómo se utilizaron testaferros para comprar pistolas y municiones en cantidades que alarmarían a cualquier persona sensata.
Una armería en particular, en Boulevard Seguí, se había convertido en el centro de operaciones donde se hacían estas maniobras de compra. 42 pistolas de 9 mm adquiridas por un solo individuo en un año y medio; 17 armas de la misma marca y modelo compradas por la misma persona en la misma armería de la zona sur rosarina.
¿A nadie en la ANMAC le llamó la atención?
¿Todas estas compras de altísima irregularidad no despertaron ni una alerta de por lo menos un dispositivo de contralor en la gestión anterior?
Que este modus operandi haya estado funcionando en la ciudad donde la criminalidad se cobraba vida tras vida de gente de bien, con total impunidad, a la sombra de un Ministro de Seguridad que declaraba que "en Rosario ganaron los narcos" no sólo es símbolo de la flagrante corrupción que había, sino del desinterés absoluto de los organismos de control que deberían haber actuado hace tiempo.
Es una piedra fundacional de una estrategia para seguir acorralando al narcotráfico en la ciudad. En esa línea, la investigación del fiscal Ávila lleva ya identificadas 220 operaciones de esas características, con el uso de testaferros. Porque no se trata solo de perseguir a quienes disparan el arma, sino de destruir la red de logística que las pone en sus manos.
Quitarles toda capacidad y perseguirlos hasta el final, hasta llevarlos a la Justicia y encarcelarlos. El mensaje tiene que ser claro: la criminalidad no va a disponer de un solo elemento para alterar el orden de nuestras calles.
El Gobierno, a través del compromiso del Presidente Milei y la Ministra Bullrich, evidencia comprender la naturaleza de un compromiso total con la seguridad de los rosarinos, sabe lo que está en juego: la vida de miles de ciudadanos, la paz de nuestra ciudad y la tranquilidad de cada rosarino.
Quien opte por el camino de la ilegalidad y el crimen deberá enfrentarse a un Estado decidido a terminar con este negocio.
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