Politeia: el libro póstumo de Federico Delgado que explora el auge de los líderes autoritarios

El libro póstumo de Federico Delgado, fiscal federal y licenciado en Ciencia Política, explora las condiciones sociales que explican por qué en el último tiempo florecieron los líderes autoritarios. 

• Por la pérdida de legitimidad política, la bronca, el miedo y los prejuicios, un cóctel que atrae las soluciones rápidas y sencillas, propias de hombres "providenciales" que con mucha pericia ubican la causa de los problemas en grupos "enemigos" del pueblo. 

Ellos saben transformar la incertidumbre y los miedos en odios. Estos líderes, que apuestan a las emociones, desprecian la democracia aún en su sedimentación liberal, y consiguen capturar el enojo ciudadano. Halla así un terreno muy fértil para esterilizar el Estado de derecho y reducir la estatalidad a un crudo momento de dominación.

A continuación un fragmento del Capítulo 9: "La administración de la desintegración social y la república democrática"

Una clave para la organización de los cuerpos políticos es la integración. Pero ¿qué significa integrar? Los grupos sociales están formados por muchas personas, todas diferentes por razones naturales. Algunas se distinguen por ciertas destrezas y habilidades, pero también por otras razones de índole social. Esto quiere decir que las sociedades están habitadas por la heterogeneidad, la diversidad y las diferentes perspectivas acerca del significado del mundo. Pero en ese campo caótico hay algunas necesidades comunes que llevan a los sujetos a juntarse con otros. Básicamente la decisión de agruparse en comunidades se relaciona con requerimientos de índole natural, también con la búsqueda de una vida mejor; esto es, con generar las condiciones para enfrentar con otros los vientos de la historia.

En la modernidad, las sociedades eligieron diferentes arreglos institucionales para vivir juntos. Todos ellos giran alrededor del derecho. La ley es el elemento elegido para diseñar la organización social. Aun con las diferencias que existen entre las distintas sedimentaciones de la democracia, de las aristocracias e inclusive de las oligarquías y autoritarismos, todos esos regímenes se sirven de la ley para conseguir sus objetivos. A la par, todos también reclaman una relativa integración social que permita invocar un "nosotros", un lazo de pertenencia que, velando las diferencias reales, permita acuerdos básicos en nombre de los cuales se justifica un determinado ejercicio del poder común.

Ese "nosotros" es el que une lo diverso, una unión que se realiza a través de la ley. Recordemos que la diversidad habita a los cuerpos sociales. Por eso, ese "nosotros", para tener realmente eficacia política, debe asentarse sobre un núcleo de prestaciones materiales básicas, sin el cual es imposible fundar una comunidad. 

Para cualquier organización política es imperativo mantener ciertos parámetros materiales básicos entre los ciudadanos, tanto en términos horizontales y verticales, para que la relación de obediencia a la ley permanezca anclada en la legitimidad que deriva de un consenso relativo. Ello significa que algunas cosas deben estar resueltas siempre, y deben permanecer fuera de las discusiones contingentes. Son las necesidades básicas sin las cuales es imposible proyectar una vida. 

Porque no bien es la mera supervivencia lo que está en juego, perdemos la oportunidad de reflexionar sobre sociedades en términos políticos. Entonces, para ejercer los derechos políticos es preciso tener claro que sin una infraestructura material bien extendida no es factible establecer una comunidad.

Si esto no sucede, en vez de un cuerpo político, habría un conjunto de personas organizadas en facciones. Unas concentradas en sobrevivir, otras enfocadas en mantener posiciones de privilegio. Si la supervivencia es el objetivo, todas las acciones se subordinan al imperativo de preservar la vida. Y a la hora de preservar la vida, el lenguaje de la ley y de los derechos positivos entra en contradicción con el derecho natural a vivir. Si se da ese caso, es evidente que la sociedad está desintegrada completamente.

Por lógica, entre la integración y la desintegración hay estadios intermedios. Se trata de diferencias de grado. Pero no cambia el hecho de que la integración social está indisolublemente unida a un núcleo material mínimo. Recién a partir de ese núcleo es factible comenzar a discutir sobre los dispositivos institucionales capaces de crear las condiciones para dotar de legitimidad al régimen político. Por esa razón, las sociedades fragmentadas necesitan interpelarse a sí mismas en relación con el problema de la integración.

El desafío de la reintegración

Reintegrar fragmentos de un todo es trabajo de la política. Supone un estado de las cosas del que es posible volver, porque se trata de unir lo que estuvo unido. Eso quiere decir que hay aspectos culturales y hábitos proclives a unión del cuerpo político. Pero no se trata de una tarea sencilla. 

Algunas sociedades conocen algún tipo de integración relativa y, aunque se encuentren en medio de procesos regresivos de desintegración, se puede todavía reflexionar sobre esa oportunidad como horizonte normativo.

Todas las texturas sociales son endebles y están sujetas a tensiones y disputas que revelan la fragilidad de sus contornos. La vida social siempre está signada por el cambio. Y los cambios son fuentes de dislocaciones. Generan fracturas en los significados sociales básicos porque dan lugar a nuevas prácticas y a nuevos sentidos que no siempre son acompañados por todos los sectores sociales. Es decir que la chance de la desintegración es inherente a la vida social. Todos los cuerpos políticos —aun los más integrados— llevan consigo la amenaza latente de dislocaciones derivadas de la propia dinámica social, que no pueden ser absorbidas y procesadas con éxito por el régimen político. 

El ejemplo del presente proviene de la revolución tecnológica que, mediante la robotización, la inteligencia artificial y los cambios de la tecnología en general, transformó el mundo del trabajo al expulsar a grandes sectores sociales de la posibilidad de trabajar.

Así como cambia la dinámica social, cambian las coincidencias básicas de una sociedad, que se hallan sujetas a la resignificación. Se trata de niveles de disputa que no se pueden clasificar a priori. De hecho, el desafío de la política —entendida como la actividad para organizar la vida en común— es enfrentar y resolver con eficacia las dislocaciones para preservar la integridad social, que no se ve amenazada solamente por problemas derivados de la creación y de la distribución de la riqueza sino por el propio devenir de la vida social.

Los niveles y la profundidad de los cambios definen también el alcance de los nuevos significados sociales. No se puede comparar la Rusia de principios del siglo xx, en la que todo estaba sujeto a la resignificación al discutirse el régimen político, con las disputas actuales entre las izquierdas y las derechas de hoy, que no llegan a poner en tela de juicio el régimen político, porque todos aceptan las reglas de juego. No obstante, ambos procesos expresan muy bien la idea de cambio como constitutiva del mundo social y también permiten inferir que los niveles de integración social tienen una incidencia muy fuerte en la intensidad del cambio.

En una sociedad, son sus niveles de integración los que establecen los marcos de las discusiones. En la Argentina del siglo xxi existen discusiones relativas a la forma de satisfacer las condiciones de vida mínima de los sectores más vulnerables. 

En Francia, durante el mismo período, el aumento de dos años en la edad jubilatoria despierta visiones encontradas. No es que un debate sea más importante que el otro, pero sin dudas los niveles de integración social inciden en la formación de la agenda pública.

También, la capacidad del sistema político para procesar correctamente las inevitables tensiones de la vida en común siempre está en relación con el grado de integración social. En la historia, un ejemplo claro es el de los impactos de la industrialización en las antiguas sociedades. 

El despliegue de la fase industrial del capitalismo alteró las formas de vida al configurar el mundo de otra manera. Los regímenes políticos de la primera parte del siglo XX no lograron absorber y procesar esas transformaciones. Fundamentalmente no captaron cómo resolver el problema de la marginalidad. Las instancias representativas y las mediaciones institucionales no crearon un modo eficaz de articular esa gama de cambios. 

Esto desembocó en profundas dislocaciones que transformaron las sociedades y sus regímenes políticos, como lo reseña Gino Germani al hablar sobre el fascismo y sus sustitutos funcionales, derivados de esta modernización dispar.

En la gran mayoría de los países de Occidente, aunque con distintos alcances, la incorporación de las masas a la vida pública entrañó la extensión de los derechos políticos y la implementación de los derechos sociales. Esto significa que se llevó adelante un gran proceso de integración social. Aunque el proceso no fue homogéneo, fue general. Eric Hobsbawm llamó a ese período "los años dorados":

Resulta ahora evidente que la edad de oro correspondió básicamente a los países capitalistas desarrollados, que, a lo largo de esas décadas, representaban alrededor de tres cuartas partes de la producción mundial y más del ochenta por ciento de las exportaciones de productos elaborados [...] Pese a todo, la edad de oro fue un fenómeno de ámbito mundial.

La Argentina tuvo un sendero de integración dispar, pero muy fuerte. Es verdad que por la velocidad de las transformaciones las instituciones estatales no llegaron a procesar todas esas nuevas formas de vida pero aun así nuestro país fue capaz de crear su Estado de bienestar a la criolla, que se extendió desde principios de la década del 40 hasta 1975, cuando es quebrado por el "Rodrigazo". Allí se inició un camino regresivo en cuanto a la inclusión social, que se profundizó con el golpe de Estado de 1976 y con las reformas neoliberales que comenzaron a principios de los años 90.

Existe mucha y buena literatura que revela las marchas y contramarchas del proceso de integración social en la Argentina, a través de la participación de los salarios en la distribución funcional del ingreso. 

Un texto de Juan M. Graña analiza la cuestión relatando cómo entre 1935 y 1942 el proceso permaneció estancado. Luego, entre 1942 y 1954, alcanzó el mayor nivel histórico. Desde entonces y hasta 1960, cayó. Pero hacia 1974 su crecimiento fue permanente. Entre 1974 y 1977 sufrió una caía profunda. Señaló Graña que a partir de ese momento se iniciaron series de crecimiento y caídas abruptas que se extienden hasta 1989. Hacia 1993 el crecimiento se renovó, pero desde esa fecha y hasta 2003 fue una etapa de descenso.

Lo que rescato de Graña es que, entre muchas otras cosas, expone el auge de los efectos de la incorporación de las masas a la arena política a través del trabajo industrial; revela los contornos de la versión local del Estado de bienestar y el impacto de las transformaciones ocurridas a mediados de los años 70. Lo que nos relata es el proceso de integración y desintegración social. No desconozco las implicancias del proceso político de nuestro país durante esos tiempos. 

Al contrario, quizá esas transformaciones en la lógica de acumulación explican los sobresaltos políticos, como deslizó Juan Iñigo Carrera. El cruce de estas variables nos permite deducir que los mayores niveles de integración social ensanchan los límites de la democracia y, en consecuencia, generan mejores niveles de vida en la población.

La pieza clave durante el Estado de bienestar fue el trabajo asalariado. La extensión del trabajo protegido por nuevas leyes —que limitaban el tiempo de labor diario e incluían derecho a la seguridad social, seguro por desempleo, acceso a medicina, a educación, a vacaciones pagas y permitían la organización en sindicatos— junto con las regulaciones del Estado en la economía generó las condiciones para el desarrollo de un proceso de integración social relativa, que por un momento hizo olvidar los desastres que había producido el período de entreguerras.

En la fase posindustrial del capitalismo, el trabajo asalariado dejó de ser el núcleo básico de las organizaciones sociales de Occidente.

Robert Castel, entre otros, lo explicó con claridad al describir cómo el neoliberalismo impactó en las regulaciones laborales y trajo aparejado el desempleo, la precarización, los bajos salarios y la resignación como alternativa. Las reacciones institucionales frente a esas transformaciones no pasaron del asistencialismo, la represión, o del liso y llano abandono, con diferentes escalas y matices. Como revela la realidad, dichas reacciones fueron insuficientes porque, de alguna manera, el siglo xxi se distingue por los estallidos de furia social.

Como una consecuencia lógica, la integración social entró en crisis. Se resquebrajó por muchas razones pero, sobre todo, porque fue atravesada en el campo material por las desigualdades. Las estrategias que usaron las democracias para enfrentar las transformaciones sociales se volvieron ineficaces y eso generó cierto desencanto con la democracia y la política. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar