Natalia Volosin: "Comodoro Py es una orgía"

Un tatuaje en el abdomen ilustra a la princesa Leia —la icónica líder rebelde de la saga Star Wars que desafió la tiranía del Imperio Galáctico— junto a la frase fight like a girl. Otro, en las costillas, reproduce una sentencia hallada en el pizarrón de Alejandra Pizarnik tras su muerte: "No quiero ir nada más que hasta el fondo". 

Esas marcas en su piel definen la épica de Natalia Volosin, abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Yale y fundadora del medio La Justa. 

Existe en ella una convivencia singular: el refinamiento académico de la Ivy League dialoga con la pasión por Boca Juniors, el lenguaje de tribuna y la mística de la saga espacial. Frente a un escenario mediático e institucional viciado, su figura emerge con la convicción de quienes deciden incomodar al poder.

Nacida en Buenos Aires a principios de los años ochenta, Volosin sintió la incomodidad frente a las injusticias desde la infancia. Esa brújula moral la llevó a estudiar Derecho. 

La elección no fue casual. En ese momento germinaba un programa en la Universidad de Palermo respaldado por la Fundación Ford, liderado por herederos intelectuales de Carlos Nino —el jurista y filósofo fundamental en el diseño institucional de la transición democrática argentina en 1983— como Martín Böhmer y Roberto Gargarella. Volosin se sumergió de lleno en ese ecosistema de interés público.

Tras graduarse con honores de la Universidad de Palermo, Volosin inició su carrera profesional en el estudio Arslanian, Beraldi, Kaminker & Asociados. 

Allí encontró a su primer gran mentor en el ejercicio profesional: Alberto Beraldi. A pesar de la juventud de Volosin, Beraldi valoró su capacidad analítica y la formó en el manejo de causas complejas de derecho penal económico. "En el estudio Arslanian descubrí la fascinación por las investigaciones complejas; me resultaba estimulante encerrarme con documentación durante semanas para desentrañar un caso", señala Volosin en diálogo con El Economista. 

En 2008, su plan de vida apuntaba a la academia pura. Logró ingresar a la maestría en Yale, un proceso sumamente selectivo. En New Haven, Volosin se convirtió en asistente de investigación de Susan Rose-Ackerman, la economista que inventó el análisis económico de la corrupción, quien se transformó en su guía definitiva. 

De regreso en la Argentina, Volosin alternó entre consultorías, la docencia y la investigación. Las convicciones, a veces, exigen un precio alto. En 2013, en la época de la firma del Memorándum con Irán, ella se desempeñaba como asesora legislativa en la Cámara de Diputados. Al conocerse el pacto, Volosin firmó una solicitada en repudio. La despidieron a los dos días. Perdió su única fuente de ingresos, con hijos pequeños a cargo.

Para 2015, la Procuración General de la Nación la convocó para liderar investigaciones complejas de criminalidad económica. Representaba la oportunidad de aplicar todo su conocimiento para perseguir el delito desde el Estado, aunque el entusiasmo duró poco.

En 2019, avatares políticos la empujaron a cambiar de área. Pasó a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un espacio de excelencia interdisciplinaria. Allí lideró la reconstrucción de la ruta del dinero en la causa de las cuevas financieras de la Asociación del Fútbol Argentino, un laberinto de 56.000 cheques que desnudó el desvío de fondos. 

A la par de su intensa labor estatal, Volosin completó su doctorado en Yale. Esa tesis doctoral mutó en el libro La máquina de la corrupción, un análisis profundo sobre la matriz sistémica que favorece la impunidad en la Argentina.

El desgaste institucional y un giro directivo hacia la persecución de delitos menores la llevaron a solicitar una licencia. Se sumó a la redacción de Infobae, donde ejerció el periodismo de investigación hasta fines de 2023. 

Finalmente, en 2025, tras presentar su renuncia irrevocable a la Procuración, lanzó su propio medio, La Justa. Se trata de un proyecto sostenido de forma exclusiva por su audiencia, sin pauta oficial ni corporativa. Su gráfica, anclada en colores vibrantes, tipografías de cómic y la épica de Star Wars, refleja la identidad de su creadora: una profesional que rechaza la comodidad de los despachos para dar la batalla por la transparencia.

—¿Qué incentivos tenés para continuar con este trabajo? —le pregunta El Economista a Volosin. 

—Soy un error de la Matrix. No se trata de un caso único; figuras como Federico Delgado o Manuel Garrido también lo fueron. Garrido renunció a la Procuración, una decisión excepcional. Ocupar un cargo de secretario en ese organismo garantiza una estabilidad absoluta. Se podría continuar allí con una remuneración cercana a los diez millones de pesos mensuales, con una jornada de seis horas y sin tributar ganancias, siempre que no se afecte a los intereses del poder. Sin embargo, opté por la renuncia. Manuel Garrido lideraba la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuando las presiones durante la gestión de Boudou lo obligaron a dimitir. Hoy, un investigador honesto y de excelencia debe buscar el sustento diario fuera del sistema y su nombre ha caído en el olvido.

Comprender el poder en Argentina exige una mirada clínica de los incentivos dentro de un Estado diseñado para asfixiar a quienes intentan investigarlo. Volosin asimiló las reglas de esa maquinaria, descifró el código de la impunidad y, ante la disyuntiva de acomodarse o saltar, eligió renunciar a la comodidad del sistema para dar la batalla desde su propio medio. 

Su salida constituye un acto inusual. Representa el arrojo en una época dominada por el cinismo, un aterrizaje en el cual la ética personal pesa más que el silencio y los sueldos millonarios. Aunque el periodismo de investigación deje el cuerpo exhausto, ella asume el costo con la mística de la princesa Leia frente al Imperio: con la certeza de quien sabe que la verdad, al igual que la libertad, se defiende al "ir nada más que hasta el fondo".

—¿Por qué la corrupción es un problema endémico en Argentina?

—Porque el diseño institucional es muy proclive a generar oportunidades para la corrupción y a anular capacidades e incentivos de control. Ya desde el diseño institucional más macro, el hiperpresidencialismo, el sistema electoral, el sistema de partidos y ciertas cuestiones vinculadas al Poder Judicial, todo está armado de una manera compleja para que abunden las oportunidades de corrupción y no haya controles. 

Existe un sistema hiperconcentrado de enorme poder en el Poder Ejecutivo, con pocos controles por parte de los demás poderes.

Argentina no tiene organismos de control. La Oficina Anticorrupción no es un organismo de control. 

La Auditoría General de la Nación es la única que tiene algún resguardo, ya que constitucionalmente está en cabeza de la oposición. Cuando funciona más o menos bien, cumple su rol. El único organismo que funcionó durante el kirchnerismo fue ése, gracias a otro héroe sin capa: Leandro Despouy. 

Leandro fue esencialmente un tipo que usó su espacio para hacer lo que debía, con mucho costo personal. Sufrió unos aprietes enormes, le querían recortar el poder y lo buscaban destituir.

El trabajo de Despouy desde la Auditoría General de la Nación en la Causa Once resultó clave para la condena por esa tragedia. Tras esa actuación, con los auditores que el peronismo y el kirchnerismo tenían allí, le quisieron imponer a la AGN una prohibición para publicar los informes. 

El Poder Ejecutivo es un colador para la corrupción, donde es posible hacer lo que se quiera, básicamente, sin controles.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no existe, la AGN funciona a medias y la Oficina Anticorrupción es inexistente. Faltan incentivos y capacidades. Lo que explico en el libro "La máquina de la corrupción" es que, al leer la literatura sobre este tema en mis años de estudio en Estados Unidos, pensé que parecía diseñada para la Argentina. 

Las organizaciones con capacidades, es decir, con recursos para controlar, cuentan con fondos suficientes, ya que los organismos de control en Argentina disponen de presupuestos enormes. Al observar los números y sumar el dinero de la OA, de la SIGEN, de la Auditoría General de la Nación, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), de los entes reguladores de servicios públicos, del Poder Judicial y del Ministerio Público, se advierte que recursos sobran; aunque faltan los incentivos para actuar y controlar. 

—¿Por qué ocurre esto? 

—Porque, al carecer de garantías de independencia, la subsistencia de estas áreas depende de la inacción.

Quien controla, pierde. Ejemplos sobran: Manuel Garrido, Leandro Despouy y muchos más. 

Falta todo estímulo para cumplir la tarea correspondiente, porque al intentar hacerlo, aparecen los aprietes, los despidos y las represalias. A la inversa, quienes cuentan con incentivos para actuar y controlar —los académicos, las ONG, la sociedad civil— carecen de recursos.

Un ejemplo es mi labor en el medio La Justa. El trabajo lo hago porque puedo; mi subsistencia no depende de esa estructura. Podría depender de la Procuración; resultaría mucho más cómodo seguir en la Procuración, con un sueldo de diez millones de pesos, jornadas de seis horas y exenta del impuesto a las Ganancias, aunque mi respuesta ante eso es que se lo metan en el orto. Me voy a arreglar, veré cómo lo resuelvo. 

Si quisiera vivir de La Justa, debería empezar a cobrar pauta publicitaria. Tendría que salir a buscarla. En el momento en que pida pauta a algún gobierno, a una empresa vinculada al Estado, al Banco Provincia, a YPF, a Aerolíneas Argentinas o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mi independencia se terminará. Porque el día que busque investigar a alguien, llegarán los reclamos sobre los fondos otorgados por YPF o por el BAPRO. 

—Si hubiera que explicarle a un noruego qué es Comodoro Py y la relación entre política y Poder Judicial en Argentina, ¿qué se le diría?

—Comodoro Py es una orgía. Comodoro Py es una parte del Poder Judicial en la Argentina, tal vez la más visible. Se trata del fuero criminal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención en las causas más relevantes, aquellas que atañen al poder central.

Justamente, en el momento en que hubo una oportunidad para hacer las cosas bien, con la reforma judicial de 1992 durante el menemismo y el cambio del Código Procesal Penal, el proceso se ejecutó de forma pésima. 

De hecho, esa es una de las razones por las cuales quise trabajar en el estudio de León Arslanian, quien había sido el ministro de Justicia de Carlos Menem.

Al cambiar el Código Procesal Penal, entre 1990 y 1992, el sistema requería una estructura judicial idónea para llevarlo adelante. De hecho, al visitar los tribunales de Retiro, se puede ver una plaqueta en honor a Arslanian. 

Ahora bien, ¿quién eligió a esos jueces? ¿Quién puso en funcionamiento esa nueva normativa? No fue Arslanian. Él renunció.

Arslanian se negó a avanzar. 'No voy a participar de la designación de estos Frankensteins', fueron las palabras exactas que usó. Aún se me eriza la piel con esa frase. Decidió no ser cómplice ni avalar el nombramiento de esos magistrados para el nuevo Código Procesal Penal, y por eso dio un paso al costado. Un acto de alguien honorable.

Él fue juez en el Juicio a las Juntas y se le plantó a Menem cuando el expresidente decidió nombrar a los impresentables que finalmente conformaron el fuero. Su salida marcó un hito y constituyó el puntapié inicial de lo que hoy es Comodoro Py.

"El trabajo de Despouy desde la AGN en la Causa Once resultó clave para la condena por esa tragedia"

Durante el menemismo hubo jueces designados sin concurso, a dedo, verdaderamente impresentables. Se convirtieron en un club de corruptos, con contadas excepciones, que han cobrado y hecho fortunas inmensas, como Norberto Oyarbide, quien nunca pudo justificar su patrimonio. María Romilda Servini de Cubría era amiga de Amira Yoma y pasaba sus vacaciones en su casa de Marbella mientras tenía a cargo la causa en su contra. 

De ahí venimos y nada cambió; simplemente el modelo se profundizó.

Hubo momentos positivos, algún destello de luz. Algunos fiscales han cumplido su tarea de manera correcta, como Federico Delgado, quien lamentablemente falleció. Hay jueces rescatables, y Carlos Rívolo es un fiscal muy probo. Gerardo Pollicita me parece un buen profesional. 

Aunque fuera de algunas excepciones, son una manga de impresentables que han salvado al poder siempre. No se trata de un problema político ni ideológico, tampoco de una disputa entre la derecha y la izquierda. Taiano no es libertario hoy, ni era kirchnerista en el pasado cuando salvó a los Kirchner.

La cuestión se reduce a capacidades e incentivos. Los jueces y fiscales carecen de incentivos para hacer su trabajo, ya que al momento de cumplir con su deber, un fiscal o un juez comienza a recibir, por ejemplo, denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Un ejemplo claro ocurrió con la detención de Amado Boudou. El juez Ariel Lijo lo detiene de manera completamente ilegal. En esa misma época a mí me perseguían en la Procuración por hablar contra la corrupción kirchnerista, pero cuando encarcelaron a Boudou, yo publiqué una nota en Infobae para advertir la irregularidad de esa medida. Porque, en efecto, estaba mal detenido.

No existía ningún riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. 

—¿Por qué el juez Ariel Lijo encarcela a Amado Boudou? 

—Porque tres días antes le habían abierto un sumario en el Consejo de la Magistratura y lo apretaron. En un día y medio, el magistrado mete en cana al exvicepresidente, y el sumario del Consejo de la Magistratura desaparece, pierde relevancia. Hasta ese momento, Lijo mantenía la causa contra Boudou completamente cajoneada. No había tomado una sola medida.

Por ejemplo, en materia de medidas cautelares de recupero de activos, área en la cual yo trabajaba en esa época, no existía ni un embargo; faltaba una investigación patrimonial y Lijo ignoraba por completo los bienes de Boudou. Uno de los argumentos adoptados por Lijo para justificar la prisión es el riesgo de un desapoderamiento de bienes. Resulta completamente ridículo, ya que la manera de evitar la venta de activos frente a un eventual decomiso es un embargo, no meterlo preso. De hecho, la prisión no impide el desapoderamiento de los bienes. 

Y a Lijo el gobierno de Milei lo quiso postular como juez de la Corte. Salió mal la jugada y ahora hay rumores sobre su posible candidatura por parte de Milei para la Procuración.

—¿Qué evaluación se puede hacer del actual ministro de justicia Juan Bautista Mahiques?

—En la causa Libra, por ejemplo, Mahiques dio esa entrevista con Eduardo Feinmann, muy desafortunada, donde el funcionario confunde su rol de Ministro de Justicia con el de abogado personal de Javier Milei.

El Ministro de Justicia obviamente no es el abogado del Presidente. El presidente debe buscar y pagar a su propio abogado. 

Además, no podría asumir esa defensa ni siquiera si el mandatario le pagara, ya que implicaría una violación a la Ley de Ejercicio de la Abogacía. Resulta imposible defender intereses contrapuestos en una causa. Esto significa que la función ministerial exige representar al Estado y facilitar la investigación de los delitos; aunque, a la inversa, la labor de un defensor particular busca resguardar al acusado frente a esos mismos cargos.

El Ministro de Justicia debe intentar ayudar al avance de la justicia en la Argentina, que en estos momentos investiga por presunta corrupción al Presidente de la Nación. 

Aunque el intento de Mahiques por ensuciar la prueba de la causa Libra da cuenta de algo increíble y hasta gracioso. Además, replica un poco su accionar en su propia causa. 

Hay una nota de Paz Rodríguez Niell en La Nación, donde explica esto muy bien. Mahiques replicó lo ocurrido en la causa Lago Escondido: si no lograban anular la prueba con maniobras increíbles, buena parte de esos fiscales, jueces y funcionarios asistentes al viaje estarían procesados o condenados por dádivas.

Los medios se hacen eco de la operación del gobierno para desviar la atención al perseguir a quienes consideran las fuentes, y en mi caso, al perseguir al periodista. Como bien se señala, rige el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto de la fuente periodística. Todo esto ocurre en lugar de dar explicaciones sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Lago Escondido, en la causa Libra, en el caso de Adorni, entre otros.

Asimismo, hay que designar jueces. Es un poco la tarea de Mahiques ahora. Se comenta el envío final de pliegos para una serie de designaciones. Habrá que analizar con lupa esas candidaturas, porque es similar a la época de Menem. La sociedad no le presta atención.

Hay que mirar con lupa las designaciones que hará el gobierno de Milei —o que pretenderá hacer— porque requieren acuerdo del Senado. Además, el oficialismo está al borde de conseguir los dos tercios propios en esa cámara.

—¿Por qué Taiano actúa así en la causa Libra?

—Taiano es un fiscal cómplice de la impunidad y lo ha sido siempre. Como le hizo favores a algunos y en ciertas causas actuó según lo esperado por ciertos sectores, lo protegen. 

Sin embargo, como sostuve toda esta semana, Taiano debería ser recusado, apartado de la causa, destituido de su cargo y denunciado penalmente por encubrimiento.

Lo que hizo con el informe pericial del 17 de noviembre pasado en la causa Libra equivale a que un fiscal, en un caso de homicidio, guarde el arma en un cajón. 

Y no es algo opinable ni discutible. No tiene ninguna explicación ni justificación posible.

—Si la causa le hubiera tocado a los fiscales Carlos Rívolo o Gerardo Pollicita, a quienes elogiaste sutilmente, ¿el avance habría sido distinto?

—Sin ninguna duda. Los elementos están a la vista. Además de todo lo mencionado, de no tomar medidas durante un montón de tiempo, y de tener el teléfono de Novelli desde marzo para enviarlo a peritar recién en octubre, Taiano le negó el acceso a la causa a los diputados de la comisión investigadora de Libra. Tampoco quiso acompañarlos a pedir el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a los testigos.

Ante esto, recuerdo otras épocas de la Argentina, pienso de nuevo en el período 2015-2019, cuando este tipo de situaciones causaban un escándalo. Imaginemos el escenario con otros nombres y otras causas. Supongamos que en la causa Hotesur, entre 2016 y 2017, un fiscal sospechado de cercanía con Cristina Kirchner esconde un peritaje, y se arma el grupo A con Patricia Bullrich, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña y Gerardo Morales. Supongamos que en Diputados arman una comisión investigadora, le piden acceso al expediente y el fiscal se los niega. ¿Qué estarían diciendo los medios de comunicación? Lo mismo que digo yo ahora, que es exactamente lo mismo que decía en aquella época. 

Lo increíble del asunto es que el fiscal a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Cristian Ritondo —un expediente completamente paralizado, iniciado a partir de una muy buena nota de Emilia Delfino en elDiarioAR— es el mismo Taiano. La inactividad resulta escandalosa frente a un dato central: el hijo del fiscal Eduardo Taiano, Federico Taiano, comparte sociedades comerciales en Argentina y en Miami con el círculo íntimo de Ritondo. Aunque la incompatibilidad es evidente, el fiscal retiene el caso sin registrar avance alguno.

—¿Los jueces no pueden intervenir para que los fiscales actúen con mayor celeridad?

—¿Pero por qué lo harían? En el caso de Libra, la causa pasó por seis jueces, pero ¿por qué Marcelo Martínez de Giorgi se la delegó al fiscal? Sostengo que el juez debe reasumir la investigación. 

—¿Por qué no lo hace? 

—Porque es mejor no tenerla; es mejor pasar la papa caliente.

—Al mencionar el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, ¿por qué la actitud del fiscal Taiano resultó clave para el cierre de esas causas tras la decisión de los jueces?

—En el sistema procesal penal de Estados Unidos, como se ve en las películas, investiga el fiscal y el juez sólo garantiza la imparcialidad. 

En la Argentina no es así. Acá, quien investiga es el juez de instrucción; no está solo para preservar las garantías, sino que investiga, mientras que el fiscal acusa y el defensor defiende. 

Nuestro sistema es mixto y permite al juez delegar la investigación en el fiscal. 

En el caso Libra, la investigación está delegada. Por lo tanto, quien la lleva adelante es el fiscal, quien a su vez es parte porque también le corresponde acusar.

Lo de Taiano en la causa de los Kirchner resulta distinto. En realidad, allí intervinieron tres magistrados diferentes. 

Los Kirchner afrontaron tres expedientes por enriquecimiento ilícito, con tres jueces distintos y un mismo fiscal. En la primera ocasión, el juez fue Julián Ercolini; en la segunda, Norberto Oyarbide; y en la tercera, Rodolfo Canicoba Corral, a quien le decían Canicoima. El fiscal siempre fue Eduardo Taiano. 

Lo ocurrido allí es que los tres magistrados dictaron el sobreseimiento de los Kirchner —aunque Cristina sólo figuraba en uno de los expedientes—. El fallo a favor de los imputados se dio de una manera completamente absurda, en especial en el caso de Oyarbide. Esa resolución resultó la más increíble: los sobresee mediante un peritaje —cabe recordar la posterior destitución del cuerpo de peritos de la Corte Suprema— sustentado únicamente en los papeles de trabajo del propio contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien, aunque evita la prisión por estos expedientes, termina detenido y declara como arrepentido en la causa Cuadernos.

En esas tres causas, cabe preguntarse cuál era la obligación de Taiano. Si un fiscal interviene en un expediente y el juez dicta el sobreseimiento, la investigación concluye. Para lograr la continuidad del proceso, resulta necesario apelar. Hay que recurrir la medida, acudir a la Cámara Federal y lograr que el fiscal de esa instancia convenza a los camaristas sobre la existencia de motivos para continuar la investigación, de modo que el tribunal ordene al juez de instrucción la revocación del fallo y la prosecución del caso. ¿Qué hizo el fiscal Taiano en esas tres oportunidades? No apeló.

Un fiscal que no apela es como un número nueve abajo de los tres palos, sólo frente al arco, incapaz de patear. Es Edinson Cavani, como yo suelo decir. Es algo inexistente. 

Un caso muy presente en mi memoria sobre una exclusión escandalosa de la causa Cuadernos es el de Techint. Los tres implicados —Paolo Rocca (CEO del grupo), Luis Betnaza (director institucional corporativo) y Héctor Zabaleta (exdirector de Administración)— lograron eludir las acusaciones gracias al juez Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli.

En ese expediente reconocen, en calidad de arrepentidos, el pago de sobornos. Posteriormente, la defensa elabora un argumento digno de mi admiración hacia esos abogados: la tesis de la "coima humanitaria". 

Esa figura resultó un invento de esos defensores. Ercolini la aceptó y, una vez más, el fiscal Stornelli no apeló. De ese modo, el sobreseimiento quedó firme y los directivos de Techint eludieron el juicio. 

—¿Qué análisis surge sobre la figura de Daniel Angelici?

—Se trata de un operador histórico en el Poder Judicial. Hoy en día existe una alianza casi total entre Angelici y Juan Manuel Olmos, el actual operador del peronismo. 

Esto explica la posición de Juan Bautista Mahiques. Él ya no responde únicamente a Angelici en la actualidad. 

Esto cobra sentido al recordar que Olmos preside la Auditoría General de la Nación. Esto explica los motivos de la inactividad de la Auditoría General de la Nación durante todos estos años. 

Al observar la comisión investigadora de Libra en la Cámara de Diputados y analizar a sus integrantes y sus movimientos, se detectan algunos peronistas, aunque esencialmente no son ellos los impulsores. Yo percibo casi un acuerdo de impunidad entre sectores del peronismo y Milei. 

—¿Qué proyección hacés sobre el futuro de la causa Libra, del gobierno, de la Justicia y de la corrupción en general?

—En la causa Libra posiblemente haya algún fuego de artificio en las próximas semanas. Sobre todo si Eduardo Taiano sigue a cargo del expediente, algo van a tener que hacer, porque resulta escandaloso, aunque nada significativo. 

A futuro, será una causa que seguirá abierta. Es cronoterapia, como suele mencionar Hugo Alconada Mon y como decía Carlos Fayt. En cuanto Milei pierda un poco de poder político, ya sea en una elección o al observar encuestas desfavorables, se lo van a llevar puesto. 

Si se quiere saber qué va a pasar en la elección, no hay que mirar encuestas; hay que mirar a Comodoro Py. Son los primeros, lo saben antes que nadie. Huelen sangre, son tiburones. Comodoro Py va a ir por Milei como fueron por Cristina Kirchner. El único capaz de zafar ha sido Mauricio Macri, quien supo tejer influencias más permanentes.

En cuanto al futuro y a la Justicia, percibo un panorama negro. Esto no tiene arreglo. El cambio no va a ocurrir porque faltan incentivos. 

—¿Cuál es la luz de esperanza?

—La fe recuperada en estos días. Existen algunas cuestiones más estructurales, vinculadas al núcleo de lo importante, que, a pesar de las enormes diferencias entre sectores, algunos todavía tienen ganas de proteger; por ejemplo, la libertad de expresión y el secreto de la fuente periodística.

Observar en mi lista de agradecimientos a personas tan diversas como Juan Alonso y Sebastián Lacunza por un lado, y a Marcelo Longobardi y Joaquín Morales Solá por el otro, me devuelve un poco la fe en la humanidad. Algo positivo queda.

Sobre todo al considerar el contexto de un gobierno que parece venir a llevarse puesto todo. En la semana en que se cumplen los cincuenta años del golpe de Estado, me parece significativo. La defensa de la libertad de prensa me genera una luz de esperanza. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar