Ley anti trapitos, subte F, VTV y registro de sangre animal

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una reforma al Código Contravencional impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. La flamante normativa 6961 endurece las penas contra trapitos y limpiavidrios, con el establecimiento de días de detención efectiva. La iniciativa obtuvo 36 votos positivos.

A partir de esta modificación, el Gobierno de la Ciudad amplía su capacidad de control y otorga facultades a la Policía porteña para detener a quienes se apropien del espacio público. 

Las penas varían según el contexto: habrá entre 10 a 30 días de encierro por cuidar vehículos de forma ilegal en la vía pública. En el caso de eventos masivos, ante la comprobación de una organización previa, las sanciones irán de 20 a 50 días. Para los líderes o promotores, los castigos alcanzarán hasta 60 días de cárcel. Además, ante situaciones de acoso sistemático o desigualdad de género, los días de prisión se duplican.

El proyecto también fija trabajos de utilidad pública de hasta 45 días e incrementa fuertemente las multas, las cuales partirán de $1.139.988. Quienes actúen de forma coordinada en espectáculos masivos podrán quedar inhabilitados por dos años para recibir subsidios o beneficios estatales.

La prohibición regirá ahora en cualquier tipo de evento, con un área de control con un alcance de 50 cuadras a la redonda. A su vez, los operativos iniciarán seis horas antes del espectáculo y finalizarán tres horas después. Ante la demostración de complicidad de un club o institución, las entidades enfrentarán clausuras prolongadas de hasta 90 días y multas económicas de casi $20 millones.

Al respecto, Jorge Macri recordó que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones. “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”, justificó el titular del Ejecutivo porteño. También remarcó su postura inflexible: “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”.

Por otra parte, el recinto autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por un monto máximo de US$1350 millones para construir la Línea F de subte. La obra abarcará 9,8 kilómetros para unir el sur con el norte de la Capital Federal. La medida recibió 56 votos a favor y uno en contra. Este avance se apoya en la solidez crediticia de la jurisdicción, que recientemente logró colocar US$500 millones a una tasa del 7,3%.

El presidente del bloque Confianza y Desarrollo, Emmanuel Ferrario, acompañó la propuesta, aunque lanzó fuertes críticas por las demoras oficiales. Remarcó que el cuerpo legislativo cumplió con dar el quórum y aprobar el proyecto, y pidió al Gobierno fijar una fecha de inicio y cumplirla. El legislador lamentó el paso de 475 días desde el anuncio oficial sin mayores novedades: “La Línea F hasta hoy es una promesa vacía”, sentenció, para luego reclamar por las frecuencias y el estado de la red actual.

Asimismo, los diputados porteños crearon el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre de Caninos y Felinos. El proyecto, redactado por Ferrario y Graciela Ocaña, busca facilitar el contacto entre familias ante transfusiones de urgencia. Durante la votación, la legisladora Aldana Mollard exhibió a su propio perro desde la banca.

En su intervención, Ferrario remarcó la importancia de la iniciativa y señaló que el 40% de los hogares porteños convive con un animal. “Todos aquellos que piensan que la agenda de protección animal es un tema de moda, de nicho o de chetos, no entienden nada”, señaló. A su vez, exigió respuestas sobre el plan gratuito de castraciones, sancionado hace siete meses, pero que aún carece de un calendario de ejecución.

Durante la misma jornada, la Legislatura aprobó con 36 votos a favor y 19 en contra una iniciativa para simplificar los trámites de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y extender sus plazos. A partir de ahora, los vehículos particulares cero kilómetro realizarán su primera revisión a los cinco años de su patentamiento. Además, las unidades de hasta diez años de antigüedad deberán verificarse cada dos años, mientras que aquellas que superen esa franja lo harán de forma anual.

El nuevo esquema abre la prestación del servicio a múltiples actores. Cualquier taller mecánico, concesionario o importador que cumpla con los requisitos técnicos podrá emitir los certificados. En paralelo, se liberó el precio del grabado de autopartes, servicio que ya no tendrá una tarifa fijada por el Gobierno de la Ciudad y podrá ser efectuado por cualquier prestador habilitado o incluso por el propio titular del vehículo con las herramientas adecuadas. Finalmente, se unificaron los registros de talleres de VTV y de verificación de autopartes para reducir costos administrativos y evitar duplicaciones estatales. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar