La última palabra

El 67,33% que obtuvo el Frente de la Victoria (integrado por 56 listas diferentes, gracias a la Ley de Lemas) en Formosa no sorprendió a nadie. Los treinta convencionales constituyentes elegidos tendrán un plazo de sesenta días (con posibilidad de extenderlo unos treinta días más) para concluir con la tarea que se les asignó. 

Tiempo más que suficiente para resguardarse de posibles consecuencias a nivel nacional, como veremos más adelante. La discusión por la constitución formoseña no se restringe al ámbito provincial, sino que puede terminar en una discusión por todas las constituciones provinciales e, incluso, por el sistema republicano en sí mismo.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (tan solo ocho días antes de que Juan Carlos Maqueda dejara su puesto) fue tajante, de forma unánime, contra las pretensiones políticas que tiene Gildo Insfrán desde la vuelta de la democracia: Formosa debe corregir el artículo que permite la reelección indefinida en su Constitución. 

Es necesario refrescar, resumidamente, cómo se llega a esto. En 1991, ya siendo vicegobernador Insfrán, la reforma local de la Constitución permitió la reelección de dos mandatos del gobernador y vicegobernador. Así, Insfrán renovaría su puesto hasta 1995, año en el que se presentaría (y ganaría, por supuesto) al puesto de gobernador. En 1999 pudo reelegir, dado que el Superior Tribunal de Justicia local interpretó que solo se le debería contabilizar un mandato previo en la fórmula gobernante. Llegado el año 2003, a solo diez de la última reforma, se convocó a una nueva Convención Constituyente (una tradición local a esta altura). 

Y he aquí el artículo de la discordia, el 132: "El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". Para la Corte, este no fija límites republicanos e incumple, tanto la Constitución Nacional en sus artículos 5 y 37, como varios acuerdos internacionales. 

Solo existen otras dos provincias en la Argentina que no ponen límites explícitos a una reelección indefinida: Santa Cruz y Catamarca.

Pero, hasta el momento, los tiempos políticos de estas dos son muy diferentes a lo que sucede en las tierras de Gildo. Claudio Vidal recién está ejerciendo su primer mandato al frente de la gobernación santacruceña, mientras que Raúl Jalil va por su segundo período al frente de Catamarca. 

Sin embargo, existen varios casos donde la Corte puso un freno, exitosamente, al exceso de ambición de líderes provinciales. Uno de los más recientes ocurrió en 2023, cuando Juan Manzur dio de baja su candidatura a vicegobernador del Tucumán, ya que hubiese significado su quinto período integrando una fórmula gobernante (algo no permitido, según la Corte, por la Constitución tucumana). 

Manzur, a pesar de su fuerte pertenencia kirchnerista y el apoyo del Gobierno Nacional del momento, aceptó la suspensión cautelar de los comicios que había impuesto la Corte.

Ahora el caso es distinto. Gildo Insfrán parece envalentonado. Uno podría pensar que bastaría con reformar el artículo 132 en esta nueva Constitución Constituyente, definir una cantidad precisa de años y tema solucionado. No obstante, la ley que convoca a la reforma y establece sus objetivos no hace mención alguna con respecto a la reelección. Paridad de género, juicios por jurados, modernización de poderes...pero nada del artículo 132. 

La Corte Suprema, por el momento, no puede hacer más que declarar inconstitucional ese apartado. Sugerir de qué manera o cómo modificarlo ya sería inmiscuirse en asuntos provinciales. Algo de lo que, claro está, ya la acusan desde el kirchnerismo.

Si efectivamente la reforma de este año no cambia el ya infame artículo, Insfrán le estaría planteando un desafío directo a la Corte de cara al 2027. Pone en duda, nada más ni nada menos, que la última palabra en el país. Se puede discutir y opinar si quien tiene la última palabra en una comunidad humana ejerce bien o mal ese poder. Pero cuestionar la última palabra en sí ya es toda otra discusión. 

Al fin y al cabo, discutir la palabra de una Corte que fue designada por el Ejecutivo, en acuerdo con el Congreso, también es poner en duda el republicanismo al que está sometida Formosa. 

Parece ser un nuevo clima de época, potenciado por la ratificación de la condena a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo se volvió contra una Corte Suprema integrada por un ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y otro ministro de la Corte designado también por él mismo. Cambia, todo cambia. De forma inadvertida para gran parte de la opinión pública, Agustín Rossi declaró, hace menos de quince días, que el caso mexicano con la Justicia le parecía "una alternativa que hay que analizar". 

En México los jueces pasaron a ser elegidos por voto popular. El experimento de Sheinbaum en aquel país contó con solo un 13% de participación electoral. Aunque el gobierno de Morena trató de disfrazarlo como un éxito, el fracaso quedó al descubierto. Hasta se podría decir que es una solución menos democrática que el modelo vigente en Argentina donde, con todas sus fallas, el pueblo, se supone, delibera (y elige jueces) a través de sus representantes. 

¿Queremos, en serio, el ejemplo mexicano?

Desde el Gobierno Nacional, Patricia Bullrich amenazó con intervenir la provincia. ¿Es en serio una política viable en medio de las elecciones? 

En Balcarce 50 deben estar midiendo las consecuencias que tendría sumarle una intervención federal (sobre una provincia que renueva solo 2 diputados este año) a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Los tiempos de la Convencional Constituyente formoseña son los justos para dictar una nueva carta magna y poder gritar proscripción en la previa de las elecciones de octubre, si es que se da una intervención.

Este martes, en conversación con Radio El Destape, la jueza federal María Servini sorprendió son sus declaraciones. "Yo no diría que pronto pronto, pero no la veo tampoco mucho tiempo", declaró, en relación a la recuperación de la libertad de Cristina Kirchner, y su condición de presa. La jueza entiende que "va a ser un conflicto todos los días" si la condena se extiende por los seis años que ratificó la Corte Suprema. 

Y, una vez más, se vuelve a naturalizar el cuestionamiento a la última palabra; última palabra que, de no estar en toda sociedad, termina con la convivencia en ella.

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