Home schooling, religión en escuelas y control familiar: el Gobierno va por la Ley de Educación
El Gobierno avanza con un proyecto de "Libertad Educativa" que propone derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y reformular el sistema desde el nivel inicial hasta la secundaria. El borrador, presentado ante el Consejo de Mayo, redefine el rol del Estado como "subsidiario", ubica a la familia como "agente primario de la educación" e introduce una fuerte impronta de autonomía institucional.
- La Ley de Educación Superior, referida al sistema universitario, no sería modificada.
Uno de los ejes centrales es la ampliación de las formas alternativas de enseñanza, entre ellas el home schooling, la educación híbrida y a distancia, sin fijar una edad mínima. Los estudiantes que opten por la educación en casa deberán acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos. El proyecto también habilita a las provincias a dictar enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar.
El texto crea los planes de estudio "propios", que cada escuela podrá diseñar según su ideario, siempre que cumplan con los contenidos mínimos comunes, equivalentes a los actuales NAP. Además, establece un mínimo anual de 540 horas en nivel inicial y 720 horas en primaria y secundaria, por debajo de los acuerdos federales de 2024.
- Las instituciones contarían con un 25% del tiempo escolar para disponer de contenidos autónomos. El proyecto también declara la educación básica como un servicio esencial, lo que obliga a garantizar actividades mínimas durante medidas de fuerza.
Otro apartado clave es el de autonomía institucional, que permitirá a las escuelas definir su gobierno interno, sus planes de estudio, su régimen de personal, la administración de recursos y los criterios de admisión y disciplina. Para las escuelas estatales se prevé una transición hacia un modelo de gestión más autónomo. También se fortalecen las evaluaciones nacionales: las pruebas Aprender pasarán a ser anuales y censales en el último año de primaria y secundaria, con publicación de datos por escuela, aunque sin identificar estudiantes ni docentes.
En materia de financiamiento, el proyecto elimina la meta histórica del 6% del PBI y sostiene que el Estado debe intervenir solo de manera complementaria. Equipara el acceso a fondos entre instituciones estatales y privadas y contempla asignaciones directas a familias y estudiantes, como becas, vales educativos o créditos fiscales.
Asimismo, crea un sistema federal de monitoreo del gasto y establece evaluaciones periódicas de la inversión. La carrera docente también se modifica: se fija que la estabilidad estará vinculada al desempeño, la formación continua y evaluaciones obligatorias cada cuatro años.