Avances y contracorrientes en la lucha contra el cambio climático

Hace exactamente 10 años se adoptó el Acuerdo de París (AP), destinado a dar una respuesta cooperativa sistemática al calentamiento global. En el tiempo transcurrido -extendido si se lo compara con la gravedad de la emergencia climática- se construyó la arquitectura regulatoria internacional y se definieron los procedimientos para hacer operativo ese acuerdo, tareas que están hoy concluidas. 

La Trigésima Conferencia de las Partes (COP30) se llevó a cabo en Belém, en la mágica y acaso misteriosa Amazonia, en medio de una notable expectativa internacional. La COP30 hace parte de un difícil pero imprescindible proceso de transición lanzado, en un contexto global adverso, en el que las COP deben poder moderar la primacía de la pura negociación para dar paso a los esfuerzos a impulsar decisivamente la acción climática global.

La acción climática es, por lo demás, presentada en la escena pública con frecuencia como innecesaria, porque la contribución de los países en desarrollo a las emisiones globales es en la mayoría de los casos marginal; injusta, porque las transformaciones en curso pueden afectar los ingresos de las familias y la estabilidad laboral; excesivamente onerosa, porque requiere elevadas inversiones que numerosos países no pueden afrontar; traumática, porque hay ganadores y perdedores en las transiciones; divisiva, porque la sociedad y los actores económicos discrepan sobre su necesidad y conveniencia; y, posiblemente tardía, porque mantener la temperatura del planeta por debajo de 2°C pareciera hoy una meta muy difícil de alcanzar.

Sin embargo, las razones que determinaron la necesidad de la acción climática no han desaparecido; por el contrario, son hoy aún más potentes que hace una década, como lo prueban los estragos climáticos en todas las regiones, el aumento persistente de la temperatura global, el agotamiento acelerado del presupuesto global de carbono, y la creciente proximidad de puntos de inflexión cuya ocurrencia disminuiría la probabilidad de la vida humana en el planeta.

Para ponderar los resultados de una cumbre climática hay dos planos entrelazados y que se retroalimentan. Por una parte, deben considerarse los efectos del régimen climático internacional sobre las tendencias que determinan la evolución de los procesos que dinamizan el cambio climático, mediante su influencia directa e indirecta sobre los principales sistemas: energético, industrial, alimentario, de transporte, las ciudades, que soportan la actividad económica y la vida en sociedad. 

Después de 10 años de adoptado el AP se destaca una declinación aguda en el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI):

• Desde su firma en 2015, las emisiones totales de GEI han crecido a una tasa del 0,32% anual, menos de un quinto de la tasa anual observada en la década previa al AP (2005-2014).
• Las emisiones totales anuales de CO2 crecieron solo el 1,17% también desde el 2015, una reducción dramática, pues exhibían un crecimiento del 18,4% en la década previa.

Por la otra, deben examinarse qué resultados produce cada COP para revertir las tendencias más negativas que dinamizan el cambio climático global. En este contexto extremamente complejo es que pueden ponderarse los resultados de la COP30.

La presidencia brasileña había propuesto que esta fuera una "COP de implementación", lo que implicaba pasar de las promesas a los resultados. Las prioridades comprendían, además, revitalizar el multilateralismo en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conectar la acción climática a los impactos sobre la economía real y la sociedad, y acelerar el logro de los objetivos del AP.

El principal resultado obtenido en el marco de las negociaciones formales ha sido el texto de la decisión del "Mutirão Global" (un acuerdo de esfuerzos colectivos), que establece acciones para mantener e impulsar planes para enfrentar el cambio climático en línea con el AP, una hoja de ruta para expandir el financiamiento climático y un proceso para conciliar los patrones del comercio mundial con los objetivos climáticos.  

Asimismo, se lograron acuerdos sobre un listado de indicadores para medir los progresos como parte de la Meta Mundial de Adaptación y desarrollar un programa para una transición justa para apoyar a los países en su transición hacia economías que sean cero carbono neto y sociedades resilientes al clima.  

Sin embargo, no fue posible alcanzar un consenso para una hoja de ruta de la transición más allá de los combustibles fósiles, debido a la oposición cerril de países productores y exportadores e, incluso, importadores de esos combustibles. 

Pese a ello, la Presidencia de la COP30 se comprometió a liderar la elaboración de dos hojas de ruta dedicadas a propulsar el abandono de los fósiles y enfrentar la deforestación y degradación de los bosques. 

También ha habido resultados claves más allá de los textos formales que fueran negociados. Se destaca la Agenda de Acción de la COP 30, que comprende más de un centenar de iniciativas para acelerar la evolución desde las promesas realizadas previamente hacia la implementación plena.

En años recientes se ha evidenciado la necesidad de impulsar inversiones climáticas imprescindibles. Esos requerimientos nacen tanto de la evidencia científica sobre la transgresión de las fronteras planetarias y el enorme deterioro que provocan los impactos climáticos, como de las señales sobre la urgencia dominante de la acción en este campo y las restricciones de los plazos para poner en marcha una transformación sistémica.

Simultáneamente, hay una abundancia de oportunidades que nacen del acelerado y extendido progreso tecnológico, de la expansión rápida en el despliegue de procesos de transición -que son factibles y beneficiosos-, y de la conveniencia de la inversión en la transformación.

En consecuencia, lo que resta de esta década debiera constituir la fase culminante de la movilización del financiamiento para impulsar la acción climática a escala, singularmente en los países en desarrollo. Para hacer que la meta de financiamiento de US$ 1,3 billones sea creíble es preciso transformar la ambición, y la retórica, en acciones que sean cuantificable y reportables.

La transformación de estas ideas en realidades exige decisión política, voluntad de cooperación, claridad en la acción, y una visión de largo plazo que nutra los procesos de transición y permita la implementación de reformas trascendentes en instituciones y sistemas refractarios al cambio. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar