YPF: el rechazo de Preska pone a Argentina al borde del desacato y expone riesgos financieros y legales
El revés judicial que Argentina recibió por la expropiación de YPF no solo representa una derrota legal en el caso, también podría derivar en consecuencias severas a nivel financiero, institucional y diplomático.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, rechazó el pedido argentino de suspender la transferencia de acciones de YPF al fondo Burford Capital, lo que tensiona aún más la situación judicial del país.
En su resolución, Preska advirtió que el Gobierno incumplió las condiciones que le habían permitido acceder previamente a una suspensión sin garantías. Además, criticó duramente a la Argentina por intentar "eludir sus obligaciones" a través de tácticas dilatorias y por no haber actuado en tiempo y forma para evitar el avance del fallo.
"Cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República", escribió la magistrada, marcando una postura inusualmente severa.
El riesgo de entrar en desacato
Con la negativa de Preska a frenar la ejecución de la sentencia, se abre la posibilidad de que Argentina sea declarada en desacato judicial, una figura que ya tuvo consecuencias en el pasado. Aunque por ahora no se aplicó formalmente, la jueza podría avanzar en esa dirección si los demandantes así lo solicitan.
Para los analistas, un escenario de desacato tendría un alto costo reputacional para el país, sobre todo porque YPF cotiza en Wall Street desde hace más de 30 años. Además, afectaría la relación con inversores internacionales y podría provocar medidas adicionales, como embargos o restricciones financieras.
Actualmente, el Gobierno enfrenta dos apelaciones simultáneas en el caso. Por un lado, la condena de fondo que obliga al Estado a pagar U$S 16.000 millones, que sigue firme pero aún en proceso de revisión. Por el otro, la apelación contra la orden que obliga a entregar acciones de YPF en parte de pago.
¿Qué puede hacer Argentina?
La principal estrategia del Gobierno en este momento es reforzar su apelación. Sin embargo, esa instancia podría demorar años en resolverse. Mientras tanto, el riesgo de sanciones adicionales se incrementa y los acreedores, encabezados por Burford, presionan para cobrar cuanto antes.
Algunos expertos consideran que el país debería explorar opciones de negociación para evitar una escalada judicial que termine en medidas coercitivas o pérdidas patrimoniales. "No es debilidad sentarse a negociar. Es mostrar voluntad de resolver un problema serio", explican.
La decisión de Preska no solo profundiza el conflicto por YPF, sino que también afecta la ya golpeada imagen de Argentina ante los mercados internacionales.
Con reservas limitadas, acceso restringido al crédito y múltiples juicios en curso en el exterior, la perspectiva de una nueva crisis judicial no hace más que sumar incertidumbre.
En definitiva, el rechazo de la jueza reconfigura el tablero: obliga al país a actuar rápidamente si quiere evitar un escenario de default técnico, desacato judicial o pérdida efectiva de activos. La estrategia de judicializar sin negociar podría estar llegando a un límite. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar