Tarifas se disparan 597% y duplican su peso en el sueldo: el otro golpe al bolsillo
En medio del ajuste fiscal más drástico en décadas, un nuevo informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET expone el impacto silencioso, pero profundo, que la política tarifaria del Gobierno tiene sobre los bolsillos de la población.
Según el reporte publicado en julio el gasto mensual en servicios públicos de una familia tipo del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) sin subsidios alcanzó los $193.329, cifra que representa un incremento acumulado del 597% desde diciembre de 2023. En comparación, la inflación acumulada en el mismo período fue del 154%.
El estudio toma como referencia un hogar de cuatro integrantes con consumos promedio.
Así se desagrega el gasto mensual:
- Electricidad: $45.993
- Gas natural: $46.693
- Agua potable: $30.861
- Transporte público: $69.783
El transporte representa el 36% del gasto total en servicios, y su participación creció en los últimos meses debido a aumentos consecutivos por encima de la inflación, en especial en líneas interjurisdiccionales bajo control nacional.
El informe del IIEP advierte que, a pesar del ajuste, los usuarios del AMBA solo pagan el 50% del costo real de los servicios públicos. El resto sigue siendo cubierto por el Estado nacional (en energía y gas) y por los gobiernos provincial y porteño (en transporte).
Sin embargo, esa cobertura está en declive. Desde enero, los subsidios reales a los servicios públicos se redujeron un 57% interanual, con fuertes recortes en las transferencias a empresas como CAMMESA, ENARSA y AYSA.
En lo que va del año, el gasto en subsidios suma $2,97 billones nominales, pero ajustado por inflación cae a $3,1 billones, lo que representa una caída abrupta respecto de 2024 y mucho más respecto del pico observado en 2022.
La reducción de subsidios no es una consecuencia colateral, sino parte central del programa económico del presidente Javier Milei. Según el IIEP, el ajuste en subvenciones, combinado con la reducción del gasto social, fue determinante para alcanzar el superávit primario en el primer semestre del año.
El ahorro fiscal en subsidios a la energía y el gas fue de $1,52 billones, lo que se tradujo en un superávit primario de $1,73 billones, según datos del propio Instituto.
Uno de los datos más elocuentes del informe es la relación entre el salario promedio y la canasta de servicios. En julio de 2024, el gasto en servicios públicos representaba el 6,1% del ingreso promedio registrado. Hoy esa proporción subió al 13,4%, más del doble en apenas un año.
Este deterioro tiene un efecto directo en el poder adquisitivo y el consumo general. Familias que antes destinaban ese porcentaje a alimentos, salud o educación, ahora deben redirigirlo al pago de facturas básicas.
El informe también remarca que los aumentos no son homogéneos. Hay diferencias tarifarias entre hogares de ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). Por ejemplo, la factura promedio en todo el país varía así:
- N1 (altos ingresos): $63.927
- N3 (medios): $44.826
- N2 (bajos ingresos): $38.160
Además, hay dispersión tarifaria regional por diferencias en los marcos regulatorios, la infraestructura, el tipo de prestador (empresa pública, privada o cooperativa) y las cargas impositivas locales. Esto significa que el impacto del tarifazo puede ser aún mayor en zonas con menor acceso o con servicios más costosos de distribuir. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar