Nafta y gasoil, otra vez en la mira: el Gobierno activa un nuevo tramo del impuesto y suben los surtidores
El Gobierno nacional volvió a mover la perilla impositiva sobre los combustibles y autorizó un nuevo incremento parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a trasladarse a los precios de la nafta y el gasoil a partir de febrero, según lo dispuesto en el decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida forma parte de la estrategia oficial para administrar las actualizaciones pendientes del tributo, acumuladas por la inflación, sin provocar un salto abrupto en los valores en surtidor. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la decisión apunta a preservar un sendero fiscal sostenible y, al mismo tiempo, moderar el impacto en el consumo y en el bolsillo de los usuarios.
De acuerdo con el nuevo esquema, entre el 1 y el 28 de febrero el impuesto aplicable a la nafta sin plomo y la nafta súper se incrementará en $16,773 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono sumará $1,027 por litro.
En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro, con un adicional de $7,782 para la alícuota diferencial vigente en determinadas regiones del país, y un ajuste de $1,638 por litro en concepto de CO₂.
El decreto también ratificó el tratamiento impositivo diferenciado para zonas del sur y del interior, que incluye a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones, en Buenos Aires, y el departamento Malargüe, en Mendoza, donde rige una carga menor sobre el gasoil.
Impuestos postergados y costo fiscal
La suba aprobada ahora se inscribe en un proceso más amplio de postergaciones sucesivas. El Gobierno había diferido la aplicación plena de los incrementos correspondientes a todo 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025, fijando inicialmente su entrada en vigencia para el 1° de febrero de 2026. Con la nueva norma, también se volvió a correr el cronograma de la siguiente etapa de aumentos, que pasó a marzo.
La legislación vigente, basada en la Ley 23.966, establece que los montos fijos del impuesto a los combustibles y al CO₂ deben actualizarse trimestralmente en función de la inflación medida por el Indec, en enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, el Ejecutivo optó por suspender o aplicar parcialmente ese mecanismo automático, autorizando subas dosificadas.
Según estimaciones privadas, esta política tuvo un costo fiscal significativo. Un informe de la consultora Economía y Energía calculó que durante 2025 el Estado resignó ingresos por U$S 2.326 millones al postergar la actualización plena del tributo, con el objetivo de evitar un mayor traslado a precios. Solo la última postergación, aplicada en diciembre, implicó una merma de U$S 173 millones en la recaudación mensual. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar