Ley de Glaciares: La pulseada entre los recursos estratégicos y la inversión minera vuelve al Congreso
La Ley de Glaciares, normativa que establece los presupuestos mínimos para la preservación de las reservas hídricas en alta montaña, regresa al centro del debate político y legislativo.
El presidente Javier Milei anunció la intención de enviar un proyecto al Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre para modificar la Ley N° 26.639, una medida que genera inmediata controversia entre el sector ambientalista y los lobbies de la actividad minera que buscan una flexibilización de las restricciones operativas.
El foco de la reforma se centra en el ambiente periglacial, la zona de suelos congelados que actúa como reserva de agua y que la ley actual (vigente desde 2010 y ratificada como constitucional por la Corte Suprema en 2019) prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
La intención oficial es descentralizar la definición de esta zona, transfiriendo la potestad a las provincias cordilleranas, una propuesta impulsada, según el mandatario, por gobernadores como el de Mendoza, Alfredo Cornejo.
El nudo de las prohibiciones
La norma 26.639 fue creada con el objetivo fundamental de proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas. Define al glaciar como toda masa de hielo perenne y al ambiente periglacial como un área crucial de regulación hídrica.
Las principales restricciones que pesan sobre la minería y que el sector busca eliminar o acotar se encuentran en el Artículo 6, que prohíbe taxativamente en ambas zonas (glaciares y periglacial):
- La liberación de sustancias contaminantes o residuos.
- La construcción de obras de infraestructura (salvo para investigación científica).
- La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
- La instalación de industrias o desarrollo de obras industriales.
La ley también obligó a la creación y actualización quinquenal del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un corpus de información científica que delimita con precisión las zonas de exclusión.
Implicancias para el sector minero
Para la industria minera, la actual definición amplia del ambiente periglacial y la consecuente prohibición de actividades son consideradas el principal obstáculo para el desarrollo de grandes proyectos de cobre, oro y litio en la Cordillera.
El presidente Milei manifestó que flexibilizar la ley tiene el potencial de crear "un millón de puestos de trabajo directos" e insistió en que Argentina posee grandes recursos que actualmente están vedados.
La crítica central de los promotores de la reforma es que la actual delimitación del ambiente periglacial es demasiado extensa o "mal definida", abarcando zonas donde la actividad minera podría realizarse sin riesgo directo de contaminación hídrica, según sus argumentos.
La propuesta de delegar la definición a las provincias busca que cada jurisdicción, basándose en sus intereses productivos, establezca sus propios límites, lo que podría reducir drásticamente las áreas protegidas y liberar proyectos mineros de gran escala.
Los grupos ambientalistas y las provincias con glaciares han defendido históricamente la Ley 26.639. Su principal argumento es que el agua, como recurso estratégico y derecho humano, debe primar sobre la explotación económica, especialmente en un contexto de cambio climático que acentúa la escasez hídrica.
La nueva ofensiva legislativa promete reabrir el conflicto, poniendo en la balanza el potencial de inversión minera (especialmente en cobre, fundamental para la transición energética global) contra la protección de las reservas de agua vitales para el futuro de las cuencas cordilleranas. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar