Ley de Glaciares: Carbajales advierte que el nuevo esquema minero replica la lógica de la "Ley Corta" y debilita la política federal
El director del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA (IGPUBA) y titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, advirtió que la reciente reforma asociada a la Ley de Glaciares en materia minera podría generar un cambio estructural en la gobernanza de los recursos naturales en Argentina, comparable, según su análisis, a lo ocurrido con la llamada "Ley Corta" en hidrocarburos.
En su lectura, el nuevo esquema consolida un mayor protagonismo de las provincias en la gestión del negocio minero, en línea con el principio de "dominio originario" de los recursos naturales establecido por la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. Sin embargo, sostiene que ese avance se da a costa de una pérdida de capacidad de coordinación y planificación a nivel federal.
Carbajales plantea que el efecto más profundo de la reforma no se limita al debate ambiental o a la protección de glaciares, sino a la arquitectura institucional del sector. Según su interpretación, el cambio habilita una fragmentación normativa que podría derivar en múltiples regímenes provinciales, con criterios regulatorios divergentes para una misma actividad minera.
El especialista advierte que este escenario podría consolidar una suerte de "mini agencias ambientales y mineras" provinciales, con estándares propios, lo que debilitaría la uniformidad regulatoria y la capacidad del Estado nacional de fijar una política integral para el sector.
En ese sentido, remarca que la Constitución establece un esquema de competencias compartidas: las provincias conservan el dominio de los recursos, pero el Congreso Nacional mantiene la potestad de dictar las normas de fondo, mientras que el Poder Ejecutivo diseña la política pública en sectores estratégicos. Para Carbajales, la reforma tensiona ese equilibrio.
El análisis recuerda que la Convención Constituyente de 1994 optó por reconocer el dominio originario provincial, pero no la jurisdicción plena sobre los recursos, precisamente para sostener un sistema federal con reglas comunes. Desde esa perspectiva, el actual proceso se alejaría de ese diseño original.
Carbajales sostiene que el resultado podría ser un esquema de "federalismo fragmentado", en el que la falta de coordinación derive en asimetrías regulatorias entre provincias mineras, afectando la previsibilidad del sector y la atracción de inversiones.
En su planteo, el especialista también cuestiona la pérdida de capacidad del Estado nacional para articular una estrategia común en recursos estratégicos como el litio, el cobre o el oro, en un contexto global donde la competencia por inversiones requiere marcos normativos estables y homogéneos.
Finalmente, advierte que el desafío no es únicamente jurídico o ambiental, sino de diseño institucional. Para Carbajales, la discusión de fondo es si Argentina avanza hacia un federalismo de coordinación o hacia un esquema más fragmentado, con múltiples reglas provinciales para una misma actividad económica estratégica.