Voltean perdón millonario a Edenor y Edesur: qué más quedó afuera del Presupuesto
La Cámara de Diputados rechazó en la madrugada de este jueves el capítulo 11 del Presupuesto 2026, que incluía un perdón millonario de deudas cruzadas entre el Estado nacional y las distribuidoras Edenor y Edesur, además de cambios en el régimen de subsidios al gas en zonas frías y beneficios fiscales para las energías renovables.
- La votación significó una derrota legislativa clave para el gobierno de Javier Milei en materia energética.
Uno de los puntos centrales del rechazo fue la intención oficial de recortar el régimen ampliado de subsidios al gas en zonas frías, vigente desde 2021. El Gobierno buscaba volver al esquema original (2002-2021), que solo contemplaba un descuento del 50% sobre el precio del gas en boca de pozo para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
- La oposición volteó el cambio y se preservaron las bonificaciones del 30% que alcanzan a amplias zonas del país, incluidas localidades bonaerenses como La Plata y Mar del Plata.
El debate incluyó el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado históricamente con aportes de usuarios de zonas no frías. Tras años de superávit, el fondo registró déficit el año pasado, lo que llevó al Gobierno a incrementar ocho veces el recargo, del 6% al 7,5%, el máximo permitido por ley. Pese al acuerdo con el FMI, este fondo es el único que el Ejecutivo se comprometió a mantener, aunque insiste en focalizarlo solo en regiones de frío extremo.
En paralelo, Diputados también rechazó el proyecto para compensar los ingresos no percibidos por Edenor y Edesur durante el congelamiento tarifario iniciado en 2002. Las distribuidoras reclaman unos US$ 3.500 millones, que el Gobierno pretendía compensar con las deudas que las empresas mantienen con Cammesa. Aun así, el esquema dejaba un saldo favorable a las compañías, lo que generó fuertes críticas políticas.
Por último, el Congreso desestimó la prórroga por 20 años —hasta 2045— de la estabilidad fiscal para proyectos de energías renovables, que garantizaba que no serían alcanzados por nuevos tributos nacionales, provinciales o municipales. La decisión generó preocupación en el sector, que asegura no reclamar subsidios, pero advierte que la falta de previsibilidad fiscal pone en riesgo nuevas inversiones.