Milei desata guerra sindical: obligan a renegociar todos los convenios laborales y la CGT va a la Justicia
La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto con los sindicatos. El decreto publicado esta semana modificó el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y habilitó una renegociación obligatoria y masiva de los acuerdos laborales entre gremios y empresas durante el próximo año, con un rol clave de la Secretaría de Trabajo.
Según abogados laboralistas, dirigentes sindicales y especialistas del sector empresario, la medida podría impactar no solo en las futuras negociaciones salariales, sino también en aspectos centrales de las condiciones laborales, como adicionales, categorías, premios, suplementos y jornadas de trabajo. Además, advierten que la autoridad laboral tendrá mayores facultades para intervenir en los procesos de homologación de acuerdos.
Qué cambia con la reforma laboral
A través del Decreto 407/2026, el Gobierno reglamentó el artículo 137 de la reforma laboral y estableció que la Secretaría de Trabajo podrá considerar vencidos aquellos convenios colectivos cuyo plazo original haya expirado. Para los acuerdos que no tengan fecha de vencimiento definida, se fijó como referencia el 31 de diciembre de 2026.
La norma también dispone que la convocatoria para renegociar los convenios comenzará un mes después de la entrada en vigencia del decreto y se extenderá durante un año. En ese período, la Secretaría de Trabajo podrá suspender la homologación de acuerdos cuando considere que las partes no avanzan en la renegociación.
Puntos clave de la reglamentación
- Se habilita la revisión integral de convenios colectivos vigentes.
- Podrían renegociarse salarios y condiciones laborales.
- La Secretaría de Trabajo gana poder de intervención.
- Los gremios denuncian una afectación de la negociación colectiva.
- La CGT ya presentó una denuncia ante la OIT.
La CGT denuncia una intromisión del Gobierno
La conducción de la CGT cuestionó duramente la reglamentación y denunció el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La central sostuvo que el Gobierno pretende avanzar sobre derechos y garantías vinculadas a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Para dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez, la reglamentación excede lo establecido por la ley aprobada por el Congreso y representa una intromisión del Estado en acuerdos que históricamente fueron definidos entre sindicatos y empleadores. Desde la central obrera no descartan avanzar con presentaciones judiciales para frenar la aplicación del decreto.
El debate por los topes a las cuotas sindicales y empresarias
Otro de los puntos que genera controversia es la reglamentación de las denominadas cuotas solidarias. La reforma laboral estableció que los aportes sindicales no podrán superar el 2% del salario de los trabajadores, mientras que las contribuciones destinadas a cámaras empresarias tendrán un límite del 0,5%.
El decreto amplió esos límites a cualquier tipo de aporte, contribución o retención económica prevista en los convenios colectivos. Además, determinó que los acuerdos que superen esos topes deberán ser renegociados y facultó a la Secretaría de Trabajo a no homologar convenios que incumplan esas restricciones. También estableció que las cámaras empresarias solo podrán cobrar aportes obligatorios a empresas afiliadas y deberán acreditar representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector para participar en negociaciones colectivas. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar