Intercargo: Caputo revela cómo será la privatización total
El Gobierno nacional avanza con la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este jueves 26 de marzo se presentarán las bases y condiciones para iniciar el proceso de venta.
Según explicó el funcionario, la medida forma parte de la estrategia oficial de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó la desregulación del mercado y la apertura a nuevos prestadores de servicios en tierra. El objetivo, afirmó, es incrementar la competencia, mejorar la eficiencia y elevar la calidad de las prestaciones en los aeropuertos.
El esquema previsto contempla la transferencia integral de la compañía y la salida total del Estado de su participación accionaria. A pesar del cambio de manos, el Gobierno aseguró que Intercargo continuará operando como una unidad en marcha, manteniendo sus contratos, licencias y presencia en las terminales donde actualmente presta servicio.
- Caputo detalló que la venta se realizará bajo el modelo de empresa en funcionamiento, lo que implica garantizar la continuidad operativa durante y después del proceso de privatización.
- De esta manera, se busca evitar interrupciones en un servicio clave para el sistema aerocomercial.
"El Estado debe concentrarse en garantizar reglas claras y promover la inversión privada", sostuvo el ministro. En esa línea, remarcó que la privatización de Intercargo representa "un paso más" en la política de liberalización económica impulsada por el Gobierno.
Intercargo: cuál es el precio base para quedarse con la empresa
El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Intercargo y fijó un precio base de US$ 45.120.000 para la venta de sus acciones. Según se detalló, todos los interesados en participar de la licitación pública deberán respetar ese piso, junto con una serie de requisitos establecidos en el pliego oficial.
En el caso de las personas jurídicas, solo podrán presentarse como oferentes aquellas que cuenten con capacidad legal para asumir obligaciones conforme al Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC) y la normativa vigente. Además, deberán tener su domicilio o sede principal de negocios en la Argentina, lo que limita la participación directa de firmas extranjeras.
Para las empresas del exterior, el esquema prevé que únicamente podrán ofertar a través de un vehículo societario constituido en el país. También se contempla la posibilidad de iniciar ese proceso durante la licitación, siempre que la sociedad esté debidamente registrada antes de la firma del contrato de compraventa.
El pliego también habilita la presentación de ofertas conjuntas entre dos o más sociedades, con una condición central: todas deberán asumir responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Ministerio de Economía por los compromisos asumidos. Este acuerdo deberá formalizarse mediante un convenio que detalle el porcentaje de participación de cada integrante.
Por último, el proceso se llevará a cabo de forma íntegra a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde los oferentes deberán unificar representación y designar un administrador autorizado. Toda la documentación deberá estar certificada, y en caso de corresponder, apostillada, para garantizar la validez legal de la operación.