Hidroeléctricas: arranca una nueva ola de privatizaciones
El Gobierno privatizará en los próximos 6 meses 4 centrales hidroeléctricas: son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, que están siendo operadas por privados con prórrogas transitorias.
El Gobierno estableció que las centrales seguirán siendo operadas por las actuales empresas que tienen la concesión hasta tanto se termine el proceso de licitación en marcha, que podría tardar al menos un año.
Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Las centrales en cuestión son Alicurá (1050 MW de potencia instalada), operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito (1417 MW), administradas por la italiana Enel, que también opera Edesur; Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), bajo la concesión de Aconcagua Energía, y Piedra del Águila (1440 MW), operada por Central Puerto. Las represas están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
El artículo 6 indica que "dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de las empresas indicadas.
Luego, estará el período para recibir las ofertas y, por último, se llevará a cabo el proceso de adjudicación del paquete accionario de la concesión por 30 años.
La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalziar el proceso.
Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.
En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado Nacional.
El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.