El 82% móvil se queda corto: el actual mecanismo de movilidad lo supera, pero los jubilados pierden
En 2010, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.649, que establecía que los haberes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones serían el 82% del salario actual equivalente al puesto que desempeñó una persona, según rama de actividad.
Además, se determinaba que la jubilación mínima sería equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fijado por el "Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil", vigente al momento de sancionarse la ley.
En aquel entonces, la iniciativa de llevar la jubilación mínima al 82% del SMVM, sin corrección retroactiva, implicaba un aumento de entre $1.046 y $1.427, una recomposición del 36,4%.
Inmediatamente, el Poder Ejecutivo vetó la ley (Decreto N° 1482/2010), argumentando que ponía en situación de riesgo "el régimen público" y que generaría un desequilibrio crónico en las cuentas fiscales, llevando al Estado nacional a un déficit crónico. Otro de los considerandos del veto hacía referencia a que la ley introducía cambios en las partidas presupuestarias y no establecía las fuentes de financiamiento.
A partir de ese momento, la tasa de sustitución del 82% se convirtió en una consigna política que vuelve a surgir como promesa en distintos procesos electorales, pero también como una de las soluciones posibles al deterioro de la pirámide previsional, en general, y de las jubilaciones mínimas, en particular. Pero en el actual contexto de ajuste sobre el sistema previsional, principal fundamento del ahorro fiscal logrado en 2024, con el SMVM fijado en $322.000, la relación entre el salario de referencia y las jubilaciones mínimas se vio profundamente modificada.
Actualmente, la jubilación mínima más el bono de $70.000 (fijado en ese monto desde marzo de 2024) representa un 119% del SMVM, es decir que supera ampliamente al 82% móvil. Y esta realidad en la tasa de sustitución viene sucediéndose durante los últimos tres años. En 2022, la movilidad era del 80%; en 2023, del 136%; y en 2024, del 117%.
El hecho de que las jubilaciones mínimas más el bono representen un monto superior al SMVM no implica un escenario de crecimiento y expansión de los haberes jubilatorios; más bien señala el atraso y la falta de actualización del salario mínimo en la Argentina. Entre 2024 y 2025, el SMVM pasó de $279.718 a $322.000, lo que representa un salto de 15%. Pero la inflación fue de 117% en 2024 y ya acumula un 19,5% a lo largo de 2025.
Breve repaso
En la década del '90, la movilidad se ubicaba en torno al 75%; en 2003, saltó al 80%; luego volvió a caer hasta llegar, en 2010, a un piso histórico en el que la jubilación mínima representaba apenas el 51% del salario mínimo. A partir de ese momento, la tasa de sustitución comenzó un sendero creciente que alcanzó su punto máximo en 2023, momento en que la movilidad se consolidó en un 130%.
Los datos muestran que no solo se produjo un atraso sistemático del SMVM en los últimos 15 años, sino también que las jubilaciones solo superan a la referencia del ingreso laboral si se incorporan los bonos a los haberes previsionales. Sin el bono extraordinario, en 2025 la jubilación mínima representaría el 80% del SMVM.
El análisis de la tasa de sustitución de los últimos 25 años muestra que actualmente se ubica bastante por encima del 82%. Esto revela una situación crítica tanto de los salarios que tienen como referencia un indicador como el SMVM, que corre muy por detrás de la tasa de inflación, como del aplanamiento general de la pirámide previsional y del bajo nivel de las jubilaciones mínimas. Una recomposición del SMVM no impactaría positivamente en los haberes jubilatorios ni siquiera con el mecanismo de movilidad vigente, que solo contempla la inflación pasada.
Luego de las distintas fórmulas implementadas por los últimos dos gobiernos, en 2024 se estableció por el DNU 274/2024 el actual mecanismo de movilidad, que determina que la actualización del haber jubilatorio mínimo se realice únicamente en función de la inflación pasada.
La política previsional implementada bajo este decreto parece consolidar esta tendencia de caída real de los haberes y pérdida del poder adquisitivo. La actual fórmula de movilidad, al igual que las dos anteriores, no logró proteger a los jubilados del deterioro frente a la escalada inflacionaria y tampoco incorporó un mecanismo que contemple una recomposición frente a la caída histórica registrada en los últimos 15 años.
Desde 2019, acelerado por la espiral inflacionaria y por la falta de reglas estables en el tiempo que garanticen un equilibrio entre la dimensión contributiva y distributiva del sistema previsional, las jubilaciones perdieron el 35% del poder adquisitivo real.
La situación del sistema previsional requiere un debate profundo sobre las dimensiones distributiva y contributiva, que hacen a la sustentabilidad y equidad, garantizando un nivel de vida digno para los adultos mayores. Precisamente, el carácter contributivo involucra la problemática del mundo del trabajo, que muestra una consolidación creciente de la informalidad como rasgo predominante en los últimos 15 años, afectando no solo el nivel de vida de las personas en actividad laboral, cuyos ingresos son menores a los del sector formal, sino también a las personas beneficiarias de la seguridad social.
Para profundizar aún más en el tema, en el sitio de Fundación Éforo se encuentran publicados informes técnicos y ciudadanos.
La columna fue publicada originalmente en El Auditor
Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar