Aumento confirmado y bonos hasta $10.000: cuánto cobran las empleadas domésticas
El Gobierno oficializó un aumento salarial del 6,5% para las trabajadoras de casas particulares, vigente de febrero a septiembre de 2025, acompañado por bonos no remunerativos de hasta $10.000 durante los meses de julio, agosto y septiembre.
- La medida fue publicada mediante la Resolución 1 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP) en el Boletín Oficial del 30 de julio.
- El incremento se estructura con 3,5% retroactivo sobre los salarios de enero, aplicado en junio, y subas adicionales del 1% mensual para julio, agosto y septiembre.
El esquema de bonos contempla pagos escalonados según la carga horaria semanal. Las trabajadoras que prestan más de 16 horas recibirán $10.000 en julio y $9.500 en agosto y septiembre. Aquellas con entre 12 y 16 horas, percibirán $7.000 en julio y $6.000 en los dos meses siguientes, mientras que las que trabajan hasta 12 horas semanales recibirán $4.000 por mes.
En julio, la remuneración mínima por hora para tareas generales (quinta categoría) será de $2.992,84 con retiro y $3.229,09 sin retiro, con un salario mensual de $367.161,42 y $408.279,21, respectivamente. En agosto, esos montos se elevarán a $3.022,77 y $3.261,38 por hora, y $370.833,03 y $412.362 al mes.
- Para septiembre, la hora se pagará a $3.052,99 y $3.293,99, mientras que los sueldos alcanzarán los $374.541,36 y $416.485,63, siempre según modalidad.
También se actualizaron los montos para las demás categorías: caseros, cuidadores de personas, personal especializado y supervisores, tanto con como sin retiro. En el caso de la primera categoría sin retiro, por ejemplo, el salario mensual alcanzará los $501.715,73 en julio, $506.732,89 en agosto y $511.800,22 en septiembre.
La actualización se produce en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo, afectando a un sector donde más de 1,2 millones de personas trabajan, muchas en condiciones de informalidad. La CNTCP —que reúne a representantes del Estado, de las trabajadoras y de los empleadores— tiene la potestad de fijar los salarios mínimos y condiciones laborales para este régimen, amparado por la Ley 26.844.