La República Argentina, organizado bajo la forma federal de gobierno, cuenta con dos cámaras legislativas (Diputados y Senadores), en que la segunda de ellas está diseñada para que sean representadas con el mismo peso todas las provincias. Esta característica genera una fuerte “sobre-representación” de las provincias menos pobladas, que en alguna medida también se da en Diputados, al existir un mínimo de legisladores por provincia y no actualizarse la población con los datos de los últimos censos.
De este modo, las 13 provincias menos pobladas del país, que podrían constituir mayoría en el Senado de la Nación (54% de los votos) y por ende filtrar la aprobación de cualquier ley, cuentan con 16% de la población total del país, 17% de las exportaciones (incluyendo recursos naturales no renovables), pero alrededor del 25% del gasto público y el empleo público provincial.
Dichas provincias poco pobladas suelen exhibir un alto gasto público per cápita, ya sea porque reciben elevadas transferencias desde la Nación y/o porque cuentan con altos ingresos propios por la existencia de regalías (especialmente en la Patagonia).
Por ende, sus representantes en el Congreso de la Nación tienden a votar desfavorablemente por proyectos de ley que impliquen reducir el peso del gasto público y/o bajar los impuestos, dado que en buena medida dependen del gasto público. Tampoco se interesan mucho por iniciativas en favor de mejorar la competitividad de la economía y las exportaciones. Además, al tratarse de provincias en su mayoría fuertemente dependientes de las transferencias nacionales, típicamente suelen acompañar las iniciativas del poder central.
Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo 42% de los votos el pasado 14 de noviembre, triunfando en el 54% de las provincias (5 de ellas del grupo de 13 jurisdicciones menos pobladas), provincias en las cuales reside el 80% de la población. En cambio, el FdT obtuvo el 33% de los votos, triunfando en el 37% de las provincias, que albergan 17% de la población.
Así, el FdT perdió el quorum propio en el Senado y contará desde diciembre con 35 senadores, versus 31 de JxC. Hay que seguir con atención esta nueva conformación del Senado, para ver si en el futuro se morigera el sesgo en dicha cámara por aprobar proyectos favorables a la expansión del sector público o no muy amigables para la economía privada.
Las políticas públicas desatendieron al interior productivo del país
El enfoque del Gobierno Nacional actual (así como en 2003 ? 2015) privilegia las políticas redistributivas social y regionalmente, por sobre las políticas dirigidas al desarrollo productivo, privilegiando a las provincias del norte, del sur y el conurbano bonaerense. Y dentro de tales áreas, privilegia a los gobiernos más afines políticamente, claro.
Un ejemplo está dado por la imposición de restricciones a la exportación de algunos alimentos, que genera desaliento a la producción, el empleo y la inversión en sectores agroindustriales, con efectos distributivos poco claros a largo plazo. Las provincias más afectadas por este tipo de políticas son las de la franja central del país. Algo similar podría decirse de otras políticas, como las prioridades existentes en la infraestructura pública.
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Claro que este tipo de políticas a largo plazo tienen un efecto boomerang: cuando las exportaciones crecen lentamente o no lo hacen y prevalece la escasez de divisas en las reservas del BCRA, la economía típicamente termina en una crisis, cuyos mayores perjudicados terminan siendo las familias de ingresos más postergados, de todas las regiones. Se trata de una estrategia que a largo plazo no incentiva el desarrollo productivo ni tampoco reduce la pobreza o mejora la distribución del ingreso. Es decir, un perder ? perder.
Ante la decadencia a largo plazo, en los últimos meses se nota un cierto despertar de los sectores productivos de la economía en las provincias del centro del país. Cámaras industriales de diferentes provincias que interactúan y solicitan políticas más racionales, institutos de investigación económica que acometen proyectos comunes, son algunos ejemplos del incipiente cambio en búsqueda de una salida al círculo vicioso de la economía argentina. Los sectores públicos y privados de dichas provincias deberían concretar acuerdos para que sus legisladores nacionales no voten en contra de los intereses económicos de las regiones que representan, y propongan políticas de Estado que sean plasmadas en leyes, como la imposibilidad de restringir exportaciones y un reparto más objetivo de los fondos para inversión pública.
Estos acuerdos deberían apuntar a un desarrollo productivo del país, con generación de empleo privado de calidad, equilibrio fiscal y una política social dirigida a igualar oportunidades. Equilibrio fiscal para que no vuelva a ocurrir que, como consecuencia del déficit público, naveguemos siempre entre la inflación y el endeudamiento, en que además tales desequilibrios suelen terminar elevando abrumadoramente las tasas de interés o desplazando el crédito al sector productivo de la economía.
El desarrollo de las exportaciones debe ser una política de Estado, sin restricciones a la oferta exportadora, en todo caso se debe actuar compensando en forma focalizada la demanda de alimentos de las familias de menores ingresos.
En la construcción de infraestructura también debería privilegiarse la que está ligada a la salida de bienes y servicios hacia el resto del mundo, ante la necesidad imperiosa de generar dólares en forma genuina. Por supuesto, el sector público debe ejecutar una política consistente y sustentable, que disminuya la incertidumbre y genere confianza, de modo que la riqueza generada elija permanecer en Argentina, elevando fuertemente la tasa de inversión.
Se necesitan también reformas en la organización del federalismo fiscal. Descentralizar impuestos no distorsivos para que las provincias cuenten con mayor grado de autonomía financiera, y por ende resulten más responsables a la hora de gastar. El sistema de coparticipación residual debería apuntar a nivelar fiscalmente a las jurisdicciones más rezagadas, pero a la vez exigiendo a las provincias receptoras netas de fondos (aportados por los contribuyentes del resto de las jurisdicciones), mayor responsabilidad en el uso de dichos recursos, transparencia en sus actos de gobierno y rendición de cuentas a la sociedad. No es precisamente lo que se observa en la realidad, en que las provincias que reciben más transferencias fiscales suelen exhibir los menores niveles de transparencia y peor calidad institucional.
En definitiva, una economía organizada para la producción y el trabajo, con creciente inserción exportadora y un sector público que no mine la competitividad con sus impuestos, y le devuelva a la sociedad cada peso que recauda como mínimo con la misma productividad y calidad con que lo usarían las familias y empresas que lo aportan.
