Desequilibrio fiscal y atraso cambiario: ¿hasta cuándo?
Por Héctor Rubini (*)
Mañana se cumplen los primeros seis meses de la gestión de Mauricio Macri. En ciento ochenta días, su gestión superó varias vallas para revertir un clima de negocios negativo, reintegrar el país al mundo e iniciar un reordenamiento del sector público y de la economía. Los logros más destacados se presentan en los dos primeros frentes. Argentina ha vuelto a la agenda de los inversores internacionales gracias a tres aciertos fundamentales de esta gestión:
La eliminación de controles de cambios, a la movilidad de capitales y al comercio exterior,
Una devaluación con traspaso a la inflación inferior a lo temido previamente, gracias a la credibilidad en los anuncios de futuros ingresos de divisas y un programa con metas de mayor disciplina fiscal y monetaria.
El rápido y eficaz cierre al conflicto con los holdouts. Sin embargo, reordenar el sector público y la economía se ha complicado más de lo esperado por el Gobierno y de lo tolerable por buena parte de familias y empresas.
Los elementos Varios funcionarios parecen estar algo sorprendidos sobre cómo encontraron la administración pública en diciembre pasado. Los síntomas observados quizás eran shockeantes por su magnitud, pero bastante visibles desde 2011, al menos: endebles cadenas de mandos, información no documentada o inexistente, normas y procedimientos incoherentes o ineficientes, un BCRA quebrado, un sistema estadístico nacional semidestruído, y crecientes sospechas de corruptelas de todo tipo. El escenario no podía ser de bienvenida: la resistencia militante a los nuevos funcionarios ha estado respaldada en parte, al menos, por una batería de restricciones legales para remover o reasignar personal e inyectar criterios de eficiencia y transparencia en la gestión.
La contrapartida macroeconómica era un escenario de atraso del tipo de cambio real, emisionismo monetario subordinado a las necesidades del Fisco, y un Estado crecientemente ineficiente, con niveles récord histórico de gasto público, déficit fiscal y presión tributaria.
La estrategia elegida no fue la de centralizar la tarea en un único equipo, bajo el liderazgo de un ministro, sino dividirla en varios equipos económicos a ser coordinados por la Jefatura de Gabinete. Los resultados no son malos, pero han empezado a decepcionar. Fuera del Gobierno se observa, en definitiva, permanente aceleración de diversos indicadores de inflación, síntomas de visible recesión, inexistencia de incentivos a la inversión privada, y lanzamiento tardío (recién en las últimas semanas) de programas de inversión pública. Las autoridades insisten con que en el segundo semestre se asistirá a una drástica baja de la inflación y una suerte de big push vía inversiones extranjeras. Por ahora no se ven señales claras en este último frente.
La macro
En cuanto a lo monetario y fiscal, el BCRA debió con sus limitaciones optar por las únicas herramientas disponibles de control monetario: reducir los pagos de los vencimientos de los controvertidos contratos de dólar futuro heredados de la gestión anterior, intervenir en el mercado de cambios para mantener el tipo de cambio entre $ 14 y $16, y contraer base monetaria colocando deuda propia. El aumento de tasas de interés de corto plazo no fue suficiente para desdolarizar carteras ni atraer capitales, pero sí para enfriar el consumo y la inversión real. Su eventual impacto inflacionario se observará, en el mejor de los casos, el año próximo, pero en el ínterin los ajustes tarifarios para reducir subsidios que deterioraban las cuentas fiscales han reducido la rentabilidad de sectores transables y no transables. Estos últimos cuentan con empresas fijadoras de precios en mercados oligopólicos, y también con otras con precios administrados o regulados por el Estado. La suba de estos últimos fue acompañada por la de varios sectores fijadores de precios, dado el empuje de costos. Resultado: suba progresiva de precios, especialmente en sectores proveedores de bienes y servicios sin sustitutos cercanos locales, ni competidores del exterior. Con un tipo de cambio que tiende a bajar por el ingreso de divisas del agro, esto conduce al atraso del tipo de cambio real, deteriorando la competitividad de la industria manufacturera y no pocos servicios.
Los riesgos
En un escenario de estanflación y atraso cambiario tienden a reavivarse las expectativas de devaluación. La suba de tasas de interés es insuficiente para atraer capitales y revertir la dolarización de carteras. La rentabilidad de variadas bicicletas financieras sigue siendo, entonces, más rentable que sostener o iniciar actividades productivas. Sin baja de impuestos ni del costo del crédito, con atraso cambiario y sin recuperación de la demanda interna, urge una baja de la inflación en el corto plazo, y no para dentro de doce o 18 meses. De lo contrario, es inviable la expansión de la demanda de créditos (mucho menos, de créditos indexados). Lo que prevalecen son dos tipos de incertidumbre: a) la incertidumbre sobre ingresos laborales y precios relativos, que impiden la reactivación del consumo, y b) la incertidumbre sobre los precios de los activos financieros y reales, que tornan racional postergar decisiones de inversión, demorándose más la salida de la estanflación actual.
Cabe observar que es el sector privado, no el Estado, el que está ajustando sus gastos corrientes. No luce esto sostenible, máxime cuando en la antesala del crucial segundo semestre del año, será inevitable revertir la visible falta de coordinación entre las políticas monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos. Lo que se requiere es que el ajuste de cinturón lo realice el Sector Público No Financiero (SPNF), y no el sector privado, pero los indicadores del primer trimestre de este año son bastante desalentadores.
Respecto del primer trimestre de 2015, en el primer trimestre de este año los ingresos fiscales aumentaron 25,1%, pero el gasto primario, sin intereses, creció 28,3%. A su vez, el déficit financiero antes de intereses y sin transferencias de entes financieros, que erróneamente sumaba la administración anterior, creció 10,3%. Al incluir los intereses de la deuda, el déficit fiscal del SPNF creció 13,4% interanual, y en particular el déficit operativo de las empresas públicas, nada menos que 114,7% interanual. A su vez, las transferencias al fisco desde el BCRA aumentaron 126%, y las del FGS de la Anses, 25,9%.
Es, por cierto, esperable un rápido cambio en el corriente trimestre de esta muy mala performance fiscal, que debilita la credibilidad en las metas fiscales y en el futuro régimen de inflation targeting anunciado para el año próximo. Es de esperar que las autoridades reaccionen antes de que sea demasiado tarde. Y en particular, que abandonen ciertos reduccionismos teóricos que son una suerte de déjà vu de los costosos errores de no pocos planes de estabilización de los años '70 y '80.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.