Superpoblación y fugas de presos: crisis de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires registró 15 fugas de presos, lo que se convirtió en un problema a resolver tanto para la ciudad como para el Gobierno Nacional ante las quejas de los vecinos por los hechos de inseguridad. 

El último episodio de fuga se produjo el último domingo en la Alcaldía 6 Anexo A, situada en la avenida Díaz Vélez 5152, en el barrio de Caballito, a tan solo unos pocos metros del Parque Centenario y del Hospital Durand. A las 16 horas, los reclusos redujeron a dos policías, los maniataron y les quitaron los celulares. Luego salieron por el frente del establecimiento y cruzaron la avenida para escaparse en un taxi Fiat Siena que, aparentemente, estaba esperándolos. El taxista, que ya fue identificado y declaró ante la fiscalía, está siendo investigado por la policía para esclarecer si fue partícipe del hecho. 

Tres de los reclusos ya fueron recapturados. Se trata de Kevin Alexander Aguilar Zalazar, de 31 años, quien en octubre de 2024 fue detenido por robo agravado; Brian Ezequiel Benavídez, de 24, procesado desde diciembre por averiguación de ilícito;  y Axel Eduardo Ríos, de 26 e imputado por robo. Por otro lado, Matías Ferrari, de 38 años; Adrián Emanuel Martín, de 41, y Eduardo Ajalla Cabrera, de 39, continúan prófugos. Hay una similitud en todos ellos, y es que a todos ya se les había dictado la prisión preventiva, es decir que en vez de estar en una cárcel vecinal deberían haber estado en una cárcel común.  

Según Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el 95% de los internos no pertenecen al ámbito de la Ciudad, ya que no fueron transferidos y fueron juzgados por la justicia nacional. Por otro lado, explicó que al asumir el cargo hace 14 meses habían 1.700 detenidos, y que ahora la cifra asciende a 2.300, cuando, en teoría, estos espacios sólo pueden albergar a mil personas. "Estamos deteniendo un 15% más de personas, pero no se ha llevado a ningún detenido a cárceles correspondientes", añadió el ministro.

A su vez, Ezequiel Daglio, secretario de Seguridad de la Ciudad, sostuvo que es un problema que heredaron del anterior gobierno nacional: "En 2023 hubo 22 fugas y teníamos 1700 presos, y el año pasado también hubo fugas y hemos tenido un 35% más de presos. Eso tiene que ver con la superpoblación de alcaldías y comisarías en la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año es la primera, pero estamos investigando si fue una fuga o si hubo connivencia policial".

El incremento en las detenciones, sumado a las demoras en los traslados de presos a las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), generaron esta superpoblación. Mientras que la cantidad de presos en comisarías y alcaldías pasó de 948 el 31 de diciembre de 2022, al cierre de 2024 era de 2066, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). De ellos, el 63,7% se encontraba en prisión preventiva. Asimismo, 383 personas (18,5%) transitaban su condena en alcaidías o en comisarías vecinales y 367 (17,8%) permanecían a la espera de una resolución judicial. Entre los motivos más frecuentes de detención se destacan robo, hurto, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En 2024 más de la mitad de los reclusos se encontraba cumpliendo prisión preventiva: algunos datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación

• El 96,1% de las personas detenidas eran varones, el 3,7% mujeres y el 0,2% trans. 
• La población detenida es predominantemente joven, con una edad promedio de 34 años.
• En cuanto a la situación procesal, el 59,2% de las personas detenidas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad se encontraba cumpliendo prisión preventiva, mientras que el 25,9% estaba a la espera de resolución judicial y el 14,9% de los privados de libertad ya tenía condena.
• El tiempo de permanencia promedio en las alcaidías es de 159 días: 1 día como mínimo y 957 días como máximo, es decir, 2 años y 7 meses. En lo que respecta a las comisarías vecinales, el tiempo de alojamiento promedio es de 54 días, registrándose 1 día como mínimo y 605 días como máximo, es decir, más de 1 año y 8 meses.

La construcción de la cárcel de Marcos Paz, ¿la solución al problema?

Frente a este escenario, la solución podría estar en la construcción de una nueva prisión junto al penal de Marcos Paz, la cual permitiría alojar a 2.240 presos y cerrar finalmente la cárcel de Devoto. Este proyecto, que comenzó en 2018 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue suspendido por falta de fondos y nunca volvió a reanudarse por la mala relación con el gobierno de Alberto Fernández. 

El año pasado en una entrevista radial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le echó la culpa de las fugas al ex jefe de gobierno porteño: "Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas". Vía X, el ex alcalde de la Ciudad de Buenos Aires le respondió que la construcción del penal es una obra nacional que debe ser financiada con fondos federales y que en más de un año de responsabilidad suya "no puso ni un ladrillo".

Sin embargo, a principios de diciembre, el Ministerio de Infraestructura le otorgó a la empresa Criba el desarrollo del 30% restante de la cárcel federal. El desembolso "Completamiento y finalización del Complejo Penitenciario Federal VII - Localidad Ricardo Gutiérrez, Partido de Marcos Paz - Etapa 4" disponía de un monto de $96.984.788.780,00. 

De esta manera, en enero se reanudaron las obras, las cuales se espera que finalicen para fin de año. En una recorrida por el establecimiento, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la noticia y explicó los beneficios que esto traerá a los vecinos. "Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel. Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como ésta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no sólo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos". 

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