¿Puede el paquete de leyes previsionales poner en riesgo el superávit?
Recientemente, el Senado aprobó un paquete de leyes previsionales que contemplan el aumento de jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales), el incremento del bono de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación. En esa sesión también fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional (Ley 27.705) y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, Ley 27.260). Adicionalmente, se prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.
De todas formas, el Ejecutivo, que tiene tiempo para decidir hasta el lunes 4 de agosto, ya anticipó que vetará la ley, y que en caso de rechazarse el veto en el Congreso se judicializará la sesión por considerarla inválida por cuestiones reglamentarias. Esto se da en un contexto de profundo deterioro de los haberes previsionales. Entre los argumentos del Poder Ejecutivo para vetar la ley está la preservación del superávit fiscal, que tiene en el ajuste efectuado en las partidas previsionales el componente más importante.
Impacto fiscal del paquete de leyes previsionales
La aplicación de la nueva ley de aumento general de haberes previsionales generaría un costo fiscal anualizado que varía según el escenario de comparación a considerar.
El costo del nuevo esquema, que comprende el aumento del 7,2% más bono móvil de $110.000, con la situación actual que incluye el bono fijo de $70.000, asciende a $6,5 billones, lo que equivale a 0,79% del PBI (0,41% del aumento del 7,2% y 0,38% del bono).
Pero si la comparación se realiza contra una situación base sin ningún tipo de bono, el impacto fiscal de la nueva ley asciende a $10,5 billones, equivalente a un 1,26% del PBI. Este escenario refleja la verdadera situación fiscal dado que el Estado Nacional no tiene presupuestado ningún bono para las partidas previsionales de 2025.
Por su parte, las compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas implican un costo fiscal de $3,2 billones, equivalente a 0,38% del PBI.
En cuanto a la restitución por dos años de las moratorias previsionales, generaría un costo fiscal acumulado estimado de $1,8 billones (0,19% del PBI), que se suma a la ampliación de las condiciones de acceso a la PUAM, que representa un impacto fiscal del 0,2% del PBI. Ambas medidas aprobadas suman $3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PIB.
En total, el conjunto de medidas aprobadas por el Congreso, comprendido por el aumento del 7,2%, la actualización del bono, la restitución por dos años de la moratoria previsional, las compensaciones para las cajas previsionales y la ampliación de la PUAM, representan un costo fiscal del 2,03% del PBI.
Una tendencia que no cambia de dirección
En los últimos 6 años, acelerado por la espiral inflacionaria y por la falta de reglas estables en el tiempo que garanticen un equilibrio entre la dimensión contributiva y distributiva del sistema previsional, las jubilaciones perdieron 35% del poder adquisitivo real.
Desde 2011 a 2015, las jubilaciones mínimas promedio aumentaron 27% respecto al periodo 2007-2011. A partir de 2015, la tendencia se revierte y comienza un deterioro prolongado que, si bien presenta marchas y contramarchas, para los siguientes 10 años hay una constante: la caída del poder adquisitivo. Entre 2015 y 2019, caen 4,5%, y en los siguientes cuatro años se promedia un deterioro que ronda el 17%.
Este proceso se intensificó en los últimos dos años. Entre 2023 y agosto de 2024 se produce una caída del 35% en menos de una porción del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. Lo que da como resultado que en febrero de 2024 se pagó la jubilación mínima más baja de los últimos 17 años, inferior a la canasta básica de ese mes, lo que ubicó a casi la mitad de los jubilados por debajo de la línea de pobreza.
De aplicarse en su totalidad el paquete de medidas previsionales, la jubilación mínima de julio, que contempla la inflación del 1,6% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que quedó ubicada en $314.243 y asciende a $384.243 con el pago del bono de $70.000, pasaría $336.868, que sumado el bono de $110.000, da un total de $446.868. En definitiva, el aumento del 7,2% y el incremento del bono a $110.000 representa una mejora de $62.625.
De Anses y su frágil superávit
Las jubilaciones, las transferencias de Nación a Provincia y la obra pública nacional son piezas clave del resultado fiscal positivo en 2024. Precisamente, el recorte realizado en jubilaciones explica casi un tercio del superávit de las cuentas nacionales. En otras palabras, el deterioro y ajuste aplicado durante 2024 en los haberes previsionales financiaron gran parte del superávit fiscal.
Esto se explica básicamente no solo por el recorte realizado en el gasto de seguridad social, sino también por el peso que tiene dentro de la estructura presupuestaria: en 2025, el gasto en seguridad social representa el 55% de todo el presupuesto nacional. Cualquier modificación en esta partida presupuestaria altera significativamente las cuentas fiscales.
La continuidad del superávit fiscal depende actualmente de la política previsional. Mientras que en 2024, ANSES cerró el 2024 con un superávit de $4 billones de pesos, al promediar el 2025, la situación financiera del organismo es totalmente distinta. En los primeros seis meses del corriente año, ANSES alcanzó un superávit financiero de $391.571 millones.
El balance financiero de ANSES confirma que los aportes y contribuciones a la seguridad social, principal componente de los ingresos, resultan insuficientes para cubrir el pago de las jubilaciones y pensiones. El superávit final se sostiene principalmente por los $6,2 billones provenientes de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias.
Sin esta fuente tributaria externa al sistema previsional, el resultado financiero mostraría un déficit de aproximadamente $5,8 billones en los primeros seis meses de 2025, comprometiendo tanto la estructura financiera de ANSES como el equilibrio fiscal a nivel nacional. La casi desaparición de la recaudación por el Impuesto PAÍS en 2025 deja al descubierto la dependencia del sistema de seguridad social de ingresos tributarios volátiles para cerrar sus cuentas.
Sin recuperar lo perdido, las jubilaciones siguen en mínimos históricos
Luego de dos fórmulas distintas implementadas por los últimos dos gobiernos, en 2024 se establece por el DNU 274/2024 el actual mecanismo de movilidad, que determina que la actualización del haber jubilatorio mínimo se realice únicamente en función de la inflación pasada.
Este enfoque tiene como consecuencia la estabilización del haber en términos reales, manteniéndolo en mínimos históricos. Además, deja de lado la posibilidad de mejora del poder adquisitivo y expone a todo el sistema a la dinámica inflacionaria en la que el haber siempre ve reflejada con retraso la pérdida del ingreso experimentada dos meses antes. La política previsional implementada bajo el DNU 274/2024 parece consolidar esta tendencia de caída real de los haberes sobre la mejora del poder de compra.
El conjunto de medidas aprobadas por el Congreso, de aplicarse en su totalidad, resultan insuficientes para consolidar un proceso de recuperación del poder adquisitivo y mejorar los niveles de ingresos para toda la pirámide previsional. Sin embargo, las medidas sí impactan sobre el equilibrio fiscal, colocando prácticamente en una situación de déficit crónico.
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