Piden detener a Adorni por presunta presión a un testigo clave
La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al acusarlo de haber intentado influir sobre un testigo clave antes de su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo fue presentado ante el juez Ariel Lijo, bajo el argumento de posible entorpecimiento de la investigación.
Pagano explicó que el pedido no se basa en riesgo de fuga, sino en la posibilidad de interferencia en la causa. Según sostuvo, el episodio surgió tras la declaración del contratista, quien habría revelado contactos previos con el entorno del funcionario. La legisladora invocó la doctrina "Irurzun", que habilita la prisión preventiva cuando una persona con poder puede influir en el proceso judicial.
De acuerdo con la denuncia, Adorni habría contactado al arquitecto Matías Tabar —considerado testigo central— para ofrecerle "ayuda" y ponerlo en contacto con su equipo. Además, se menciona la posible eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados al caso, lo que, según Pagano, podría configurar una maniobra para borrar pruebas. "¿Cómo no se va a aplicar esta doctrina con alguien que ocupa un lugar tan relevante en el poder?", cuestionó.
La diputada también advirtió que el hecho se agrava por la posición actual de Adorni dentro del Gobierno, lo que —según afirmó— le otorga mayor capacidad para influir sobre testigos y organismos. En su presentación, sostuvo que el accionar podría encuadrarse como incumplimiento de deberes de funcionario público y alertó sobre la posibilidad de que se repitan conductas similares con otros testigos aún no citados.
El testimonio que complicó la causa
En paralelo, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y brindó detalles sobre la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, vinculada a Adorni y su esposa. Según su testimonio, los pagos se realizaron en efectivo, en dólares y sin facturación, con un desembolso inicial de US$ 35.000 y un total estimado de US$ 245.000. También afirmó que no se emitieron recibos ni documentación formal, una práctica que —según dijo— es habitual en el sector, pero que en este caso quedó bajo la lupa judicial.