Milei promulgó dos leyes clave pero las dejó sin efecto hasta que el Congreso aclare de dónde sacará el dinero
El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y de financiamiento universitario, pero decidió suspender su puesta en marcha hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto 2026.
- La medida replica lo ocurrido semanas atrás con la ley de emergencia en discapacidad, también postergada por falta de recursos definidos.
Ambas normas habían sido ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, y fueron oficializadas a través de los decretos 759/2025 y 760/2025. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que "no puede ejecutarlas sin que el Parlamento indique fehacientemente cómo se financiarán los gastos", en línea con el artículo 5° de la Ley 24.629 de Ejecución del Gasto Público.
La Ley 27.795 de financiamiento universitario garantiza recursos para sostener las universidades públicas, actualizar salarios docentes y no docentes, y fortalecer programas de becas, tecnología e investigación. Según cálculos oficiales, su costo ascendería a $1,07 billones en 2025 y superaría los $2 billones en 2026.
- El decreto aclara que aplicarla sin respaldo presupuestario sería "incompatible con la ley y podría generar responsabilidad funcional".
Por su parte, la Ley 27.796 de emergencia pediátrica declara por un año la emergencia sanitaria infantil y busca reforzar los hospitales pediátricos, especialmente el Garrahan, junto con el sistema de residencias médicas. Estima un costo fiscal de $196.270 millones, pero el decreto advierte que las fuentes de financiamiento previstas —reasignaciones dentro del Ministerio de Salud— no son suficientes y podrían desfinanciar programas esenciales como la entrega de medicamentos o la prevención del VIH.
En ambos casos, el Gobierno responsabilizó al Congreso por no haber definido las partidas necesarias para su ejecución. Hasta que eso ocurra, las leyes permanecerán promulgadas pero suspendidas, en una nueva muestra de la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento por la distribución del gasto público.