Milei bajo presión: el Senado intentará aprobar paquete explosivo de 7 leyes
Los senadores se preparan para una sesión cargada con siete proyectos, algunos de los cuales no tienen dictamen de comisión y, por tanto, requieren dos tercios de los votos para ser tratados, como los impulsados por los gobernadores.
Otros, como los de jubilaciones y emergencia en discapacidad, sí cuentan con despacho, lo que permitiría su aprobación por mayoría simple. Sin embargo, el secretario parlamentario consideró inválidos estos dictámenes, generando una fuerte disputa reglamentaria que se anticipa tensa en el recinto.
- Entre los temas más relevantes figura el paquete jubilatorio, compuesto por dos proyectos con media sanción en Diputados. Uno propone un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, además de llevar el bono de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación.
- El segundo busca extender por dos años la moratoria previsional que el Ejecutivo dejó sin efecto en marzo.
- Ambos podrían convertirse en ley si se aprueban en la sesión.
También se debatirá un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que contempla regularización de pagos, reformas en pensiones no contributivas, auditorías y la obligación del Ejecutivo de informar públicamente sobre políticas implementadas. A su vez, los gobernadores insisten con la automatización del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y reclaman una nueva legislación que obligue al Ejecutivo a distribuir los fondos según la Ley de Coparticipación, ante lo que consideran una crisis de recursos por la caída de transferencias y recortes.
Otro punto en agenda es la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que propone redistribuir los ingresos con un 57% para las provincias y eliminar fideicomisos específicos, canalizando esos fondos a través de la Ley de Coparticipación. El impacto fiscal sería del 0,08% del PBI, según los autores del proyecto. Además, vuelve al recinto el veto presidencial al proyecto de emergencia para Bahía Blanca, aprobado por unanimidad tras las inundaciones. La oposición insiste en que el decreto del Ejecutivo no reemplaza los alcances estructurales del proyecto vetado.
Finalmente, se suma un proyecto del radicalismo para blindar legalmente el 51% de las acciones de YPF frente al fallo adverso de la jueza Loretta Preska. La propuesta busca reafirmar la inmunidad soberana establecida por la Ley 26.741, que impide al Ejecutivo disponer de esas acciones sin autorización parlamentaria por dos tercios. "La defensa de YPF es la defensa del federalismo y del futuro del país", advirtió el senador Maximiliano Abad.