Fate denuncia que la fábrica sigue tomada y alerta por material radiactivo
La empresa Fate advirtió a las autoridades que no puede garantizar la seguridad del material radiactivo que permanece dentro de su planta de San Fernando, ocupada por trabajadores desde el anuncio de su cierre. La advertencia fue realizada por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, en una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), luego de que la Justicia revocara la orden de desalojo del establecimiento.
En el escrito, la empresa explicó que en las instalaciones se encuentra un acelerador lineal de electrones de uso industrial, equipo que requiere estrictas condiciones de seguridad radiológica y control especializado. Según Fate, al no tener acceso al predio ni al personal necesario para operar el dispositivo, no puede cumplir con las obligaciones establecidas en la licencia otorgada por el organismo regulador.
"No podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesarias respecto del equipo cuya licencia nos fue otorgada", señaló la compañía en la carta. Allí también recordó que, como licenciataria, es responsable de la seguridad radiológica y física del material, así como de contar con un entorno adecuado y personal calificado para operar el sistema.
La advertencia se produjo horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocara el desalojo de la planta, ocupada desde el 19 de febrero por trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal sostuvo que la medida se encuadra dentro del derecho constitucional de huelga, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que se trata de un conflicto laboral y no penal.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que iniciará un sumario contra Fate por no haber pagado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la conciliación obligatoria, lo que podría derivar en multas de entre el 50% y el 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado. De los 920 empleados que tenía la empresa antes del cierre, unos 380 aún no aceptaron su salida, mientras la compañía continúa con negociaciones individuales para resolver el conflicto.