El kirchnerismo se prepara para judicializar la restitución de Ganancias
La restitución del Impuesto a las Ganancias, el punto más importante del proyecto sobre Medidas Fiscales del Gobierno, fue aprobada durante la madrugada de este viernes. La medida está al borde de una pelea judicial originada por la disputa política entre el oficialismo y la oposición kirchnerista sobre su votación en el Congreso y la interpretación de un artículo de la Constitución Nacional.
El escenario de la posible judicialización quedó planteado momentos antes de que se aprobara la Ley Bases. El eje central de la disputa es que la Cámara de Diputados había aprobado en abril la reposición de Ganancias al votar el proyecto fiscal, pero luego el Senado rechazó ese capítulo y lo dejó afuera, tras lo cual los diputados del oficialismo y sus aliados decidieron insistir para que quede en la versión final de la ley.
Así, la restitución del impuesto vuelve a entrar en vigencia, pero con la aprobación de una sola cámara del Congreso. Eso abrió la puerta a una judicialización que ya empieza a empujar el kirchnerismo y se prepara para enfrentar el gobierno de Javier Milei.
En la bancada de diputados de Unión por la Patria ya varios diputados adelantaron en los días previos que tienen pensado judicializar tanto el capítulo de Ganancias como el de Bienes Personales. Según su interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, no correspondía a la Cámara de Diputados insistir en un capítulo que fue rechazado por el Senado.
Los argumentos
En efecto, el kirchnerismo advirtió, a lo largo del debate, que el rechazo de los capítulos referidos a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, se asemeja al rechazo de un proyecto, por lo que Diputados no podría insistir en su reposición. "Sería inconstitucional porque no respetaría el sistema bicameral de aprobación de las leyes", enfatizaron.
El mismo argumento esgrimieron para rechazar, también, el nuevo régimen de Bienes Personales, que con una suba del mínimo no imponible de $27 millones a $100 millones y rebajas en las alícuotas, tiene un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.
La diputada Vanesa Siley sostuvo que "toda ley, para su aprobación, debe respetar el principio de 'bicameralidad' establecido en el artículo 44 de la Constitución". Y advirtió que la aprobación iba a estar "floja de papeles". "No hay laguna constitucional en este caso. El artículo 81 es claro cuando refiere al desecho total de un proyecto de ley", sentenció.
En la Unión Cívica Radical también hay diputados que piensan así: uno de los primeros en pronunciarse en ese sentido fue el formoseño Fernando Carbajal.
"Solo es ley aquello que es votado afirmativamente por ambas cámaras y yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no sé qué es lo que faltó, pero no consiguieron la mayoría y esto va a ser judicializado", advirtió.
El criterio que se impuso en el recinto, sin embargo, fue el de la mayoría que encarnan los libertarios y los bloques de oposición dialoguista: estas bancadas interpretaron que, tal como reza el artículo 81, el rechazo a un artículo por parte de la cámara revisora se asemeja a una "modificación" a la media sanción original, por lo que la cámara de origen podrá insistir en su versión.
Desde el bloque del PRO, Silvia Lospennato enfatizó que hay "sobradísimos antecedentes parlamentarios" que sustentan esta posición y advirtió que el kirchnerismo, con sus argumentos en contrario, "solo pretenden poner palos en la rueda para que no se realice el cambio profundo que la Argentina necesita. Una voluntad de obstruir el cambio que en las próximas horas va a ser derrotada".
Los cambios impuestos con la aprobación de la reforma fiscal que impulsó el Gobierno se encaminan a una disputa en el ámbito judicial con esas dos interpretaciones contrapuestas como eje central, con lo que la pelea por reponer Ganancias y instalar los cambios de Bienes Personales excederá a la larga discusión que dio el Congreso.