El Gobierno confirmó 33.000 despidos en el Estado y anunció que va por más
Desde que asumió en diciembre, el Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas, según informó este jueves el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En su cuenta de la red social X, Sturzenegger destacó que la única manera sostenible de disminuir la carga impositiva es a través de la reducción del gasto público.
- Su equipo, liderado por el presidente Javier Milei, trabaja para lograr un equilibrio fiscal y reencauzar la economía nacional.
El gráfico publicado por el ministro muestra una disminución mensual del personal estatal. De los 33.291 puestos eliminados, 20.026 pertenecen a la administración central y descentralizada, 2.251 a las fuerzas armadas y de seguridad, y 11.014 a empresas estatales.
Los recortes más significativos ocurrieron al inicio de la gestión, con la desvinculación de 7.607 empleados en enero y 7.000 en abril, a través de ceses de contratos, jubilaciones y retiros voluntarios.
En diciembre, el Gobierno canceló los contratos de aquellos que ingresaron durante el mandato de Alberto Fernández, renovando solo por tres meses.
Esto llevó a un aumento de los egresos en abril y julio, mientras que en septiembre la reducción fue notablemente menor. Milei había planteado inicialmente la meta de eliminar 70.000 puestos en el sector público.
- El proceso de reducción fue impulsado por el primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y continuado por Guillermo Francos.
Se revisó el personal en cada área gubernamental, resultando en desplazamientos generalizados. Se redujeron los ministerios a solo ocho y se eliminaron organismos como el INADI y el INAI, además de recortes en instituciones como el Conicet y el INCAA, que estaban en riesgo de privatización.
Sturzenegger también anunció la implementación de un examen de idoneidad para quienes deseen acceder a la función pública, con el objetivo de establecer una carrera administrativa basada en méritos y no en conexiones políticas.
Esta propuesta ha sido rechazada por los gremios estatales, especialmente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ha manifestado su oposición a estas medidas.