¿El fin de la tolerancia? El 89% de los argentinos exige penalizar la extorsión de "trapitos" y limpiavidrios
La Argentina es, por definición, un país de ciudades. Según los datos del Censo 2022, más del 90% de la población es urbana , y un contundente 70% de los habitantes se concentra en apenas 30 aglomerados. En este escenario, la calle no es solo un lugar de paso: es el ecosistema donde se desarrolla la vida económica y social. Sin embargo, un informe reciente de la consultora Isasi/Burdman revela que este ecosistema atraviesa una crisis profunda: el deterioro de las normas de convivencia urbana se ha transformado en un problema de estricto rigor nacional.
La investigación, realizada en febrero, arroja una cifra que debería encender alarmas en los despachos oficiales: un tercio de los argentinos sufrió alguna forma de acoso, extorsión o intimidación callejera durante el último año. Ya no se trata de incidentes aislados, sino de una dinámica de hostigamiento que la gran mayoría de la sociedad empieza a catalogar directamente como un delito que debe ser penalizado por el Estado y sus fuerzas de seguridad.
El "peaje" invisible de los conductores
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en la figura de los "trapitos" y limpiavidrios. Lo que a menudo se intenta matizar como una actividad informal, para el ciudadano promedio es percibido como una extorsión lisa y llana. De hecho, el 33% de los encuestados manifestó haber sido víctima de estas prácticas en el último año.
El panorama es aún más sombrío para quienes se ponen al volante. Entre los conductores de vehículos automotores, la victimización por extorsión de cuidacoches trepa al 48%, casi la mitad de los usuarios. Esta problemática no se limita solo al pedido de dinero. La definición técnica utilizada en el estudio incluye amenazas, acercamientos indebidos y la limitación de la libertad de movilidad del ciudadano.
Inseguridad y género: el acoso no da tregua
El informe también pone la lupa sobre el acoso sexual callejero, definido por conductas que van desde comentarios ofensivos hasta persecuciones y tocamientos. Si bien el 6% de la población general declara haberlo sufrido, la brecha de género es indiscutible. Mientras que el 3% de los hombres reportó estos incidentes , la cifra se triplica en el caso de las mujeres, alcanzando el 9%.
A esto se suma la intimidación de supuestos vendedores ambulantes y personas que piden limosna, que afecta al 32% y 34% de la población respectivamente, mediante métodos que incluyen la insistencia indebida y las amenazas directas.
Un mandato social de mano firme
Quizás el hallazgo más disruptivo del estudio de Isasi/Burdman es el consenso casi unánime sobre la necesidad de sanciones penales. La sociedad argentina parece haber agotado su capacidad de tolerancia frente a la degradación del orden público.
Un abrumador 90% de los argentinos considera que el acoso sexual debe ser sancionado , seguido de cerca por un 89% que exige penalizar la extorsión de trapitos y limpiavidrios.
Incluso en situaciones de mayor complejidad social, como la intimidación por parte de vendedores ambulantes o personas que piden limosna, la demanda de penalización se mantiene mayoritaria con un 72% y un 60% respectivamente. Los datos sugieren que la ciudadanía ya no espera soluciones paliativas, sino una intervención directa que garantice la seguridad y el respeto en el espacio público.
Ficha técnica del estudio
Fecha de relevamiento: Del 11 al 18 de febrero de 2026.
Muestra: 2.076 casos efectivos en mayores de 16 años a nivel nacional.
Metodología: Relevamiento online (CAWI) estratificado por región y ponderado por variables demográficas y voto anterior.
Consultora: Isasi / Burdman Consultores Políticos. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar