El control como garantía de calidad de la gestión pública a largo plazo

Cada vez que hay un cambio de gobierno se recurre a las palabras de auditoría y control para justificar la "evaluación" que la nueva gestión realiza sobre los actos de gobierno de la anterior pero luego vuelve a pasar desapercibido para la política y para la ciudadanía.

En este contexto, nadie se detiene en destacar al control como una herramienta de gestión que apunta a fortalecer la calidad de los actos de gobierno, y al mismo tiempo contribuye a promoverla transparencia y prevenir la corrupción. 

En estos meses parece ser "políticamente correcto" hablar de control. Se exigen aquí y allá auditorías, inclusive desconociendo que algunas de las instituciones que se reclama controlar ya son auditadas tanto de manera interna como externa, como sucedió con las universidades.

Tampoco es menos cierto que, según pasan los años y las gestiones se alternan, se ha utilizado políticamente el resultado de algunas auditorías o para tomar decisiones abruptas y cortar fondos sin plantearse la posibilidad de mejorar lo que haya que mejorar. Controlar no es recortar, desvincular, cerrar, eliminar sin evaluar, sino todo lo contrario. 

Se trata de realizar un trabajo de revisión detallado y racional del funcionamiento de los organismos estatales con el objetivo de que los mismos sean más eficientes y cumplan con el propósito para el cual fueron creados.

Para citar algunos ejemplos de la falta de acuerdos por un lado y de la no centralidad que se le da al control en términos reales, aún no se constituyó la Comisión Revisora de Cuentas en el Congreso de la Nación. Esa comisión, conformada por diputados y senadores, es la que coordina las auditorías y planifica qué se auditará junto a la Auditoría General de la Nación (AGN).

Asimismo, desde el mes de abril el organismo cuenta con tres auditores menos, ya que vencieron sus mandatos, y todavía no se han elegido a los reemplazantes. Frente a ello, es fundamental entablar el diálogo que permita arribar a los acuerdos políticos necesarios para que se de cumplimiento al funcionamiento de los mecanismos de control que establece nuestra legislación. 

Transcurrieron 30 años desde la última reforma en la que se le dio status constitucional a la AGN con una manda de los constituyentes precisa, aunque "excesivamente demorada en el tiempo", que es la reglamentación del art. 85 de la Constitución Nacional en cuanto al modo de integración y funcionamiento. No obstante hoy la realidad se impone y a la fecha la Ley 24.156 -anterior a la reforma constitucional-es la única norma vigente. 

Por otro lado, hay funcionarios del gobiernosin nombrar por decreto y que realizan tareas "ad honorem", cumpliendo funciones en el gobierno. En esos casos, ¿cómo se controlará su gestión? ¿En calidad de qué realizan tareas de funcionarios? ¿Cómo rendirán cuentas? ¿Quedarán eximidos de la normativa de la Ley de Ética Pública que regula su ejercicio como funcionarios?

Por si eso no fuera suficiente, se conocieron convenios de ministerios y secretarías con organismos internacionales a través de los cuales se realizan compras directas sin licitación,así como también contrataciones irregulares. Otra vez, ¿cómo se controlará la gestión?

Quizá sea momento de profundizar los debates y dar la discusión con relación a la transparencia de los actos de gobierno y los mecanismos de control de los mismos. Porque la integridad y la ética también son claves para una gestión pública de calidad a largo plazo, y no a la medida y conveniencia de las gestiones de turno. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar