Crisis de autoridad: la fractura entre las cúpulas y la tropa sacude a las cinco fuerzas federales
Las fuerzas de seguridad federales atraviesan una crisis de representación sin precedentes, donde la verticalidad del mando se ve amenazada por un profundo malestar de las bases contra sus propias conducciones.
Gendarmería, Prefectura, Policía Federal (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) comparten el mismo escenario de descontento por los salarios retrasados, persecución interna y desamparo institucional.
La fractura se traduce en ejes críticos que exponen la cruda realidad de los uniformados.
Un Gendarme II arranca con $711.920, un Agente de la PFA sobrevive con $878.108 y un Marinero de Prefectura percibe un básico desfasado de $741.312. En los escalafones más bajos de la PSA (Oficial Ayudante) y del Servicio Penitenciario (Subadjutor o Guardia), los ingresos licuados ni siquiera cubren la canasta básica familiar, obligando al personal al pluriempleo informal.
Las bases acusan a los jefes de las fuerzas -como el Comandante General Claudio Miguel Brilloni en Gendarmería o el Comisario General Alejandro Luis Rollé en la PFA- de actuar con una pasividad absoluta ante el vaciamiento de la cobertura médica y de alinearse de forma irrestricta a las decisiones de ajuste del la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En Prefectura, el malestar apunta al Prefecto General Guillermo Giménez Pérez por avalar el "impuestazo médico" de los coseguros privados, mientras que en la PSA y el SPF se critica la inacción de las cúpulas ante el congelamiento de los suplementos por recargo de servicio.
Ante la imposibilidad legal de sindicalizarse, el descontento de los subalternos se canaliza mediante protestas informales y viralización de recibos de sueldo.
La respuesta de las cúpulas ha sido el endurecimiento de las sanciones disciplinarias. En el Servicio Penitenciario se endurecieron las requisas y sanciones al personal que expone las fallas edilicias, en la PSA se multiplicaron los sumarios por "falta de decoro digital" tras reclamos en redes, y en Prefectura, Gendarmería y PFA se activó una ola de traslados arbitrarios de destino hacia destacamentos aislados como un mecanismo de "persecución preventiva" para callar las voces disidentes. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar