Uruguay aprobó su reforma jubilatoria, un hito en la cuenta regresiva de Lacalle Pou
El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, lleva en su teléfono celular la cuenta de las jornadas que le quedan para finalizar su mandato de cinco años, iniciado el 1° de marzo del 2020.
En esa cuenta regresiva, este jueves marcó un hito: a los 1.152 días de gestión y faltando 675 para traspasar la Presidencia, logró lo que se perfila como la reforma más relevante de su administración al votarse en el Congreso una ley que instalará, gradualmente, un sistema jubilatorio común buscando darle sostenibilidad financiera a largo plazo.
En la noche del jueves, Lacalle Pou festejó la aprobación a través de un video: "Hay reforma, hay futuro". Desde su despacho, resaltó en ese mensaje grabado que esta transformación es "justa", "solidaria" y con "sensibilidad social". Agregó que era un paso necesario. "Yo no podría mirarlos a los ojos" de no haberlo dado.
Aunque en las últimas semanas hubo fuertes tensiones, el Presidente consiguió mantener unida a la centroderechista coalición oficialista, liderada por su Partido Nacional y compuesto por otras cuatro colectividades políticas. Pero debió hacer concesiones a sus socios y él mismo admite que, para que se votara, aceptó echarle "agua a la leche", aludiendo a que se diluirán parte de los cambios originalmente previstos y se morigerará el impacto fiscal buscado.
Las diferencias eran en algunos casos técnicas y otras por cálculo político, teniendo en cuenta que Uruguay tendrá elecciones generales en 2024 y las encuestas de intención de voto al día de hoy le dan un leve favoritismo a la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio.
Usando su mayoría y por 17 votos en 28, el oficialismo ratificó en la noche del jueves en el Senado las modificaciones al proyecto que había aprobado pocos días antes la Cámara de Diputados.
Se opuso en general el Frente Amplio que, como la central sindical única de Uruguay, señala que la reforma cargará todo el peso sobre los asalariados.
- Dicen que los uruguayos trabajarán más años (la edad mínima para poder jubilarse sube de 60 a entre 63 y 65) y por una pasividad menor (a raíz de una nueva "tasa de adquisición de derechos" y otras variables que se tomarán para el cálculo).
Desde el Gobierno rechazan eso. Alegan que no se tocan derechos adquiridos (se aplica para los nacidos desde 1973 y los nuevos trabajadores) y defienden la reforma como un paso imprescindible y justo porque equipara a los subsistemas especiales existentes para policías, militares, bancarios, escribanos -con particularidades- y otros profesionales universitarios con los parámetros actuariales del régimen general. También destacan un enfoque de equidad en la ley, ya que garantizará un "suplemento solidario" que operará como ingreso mínimo jubilatorio.
El problema estaba diagnosticado ya desde hace algunos años, pero no hubo hasta ahora voluntad política para enfrentarlo. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y una trayectoria hacia el envejecimiento poblacional que desafía a su casi universal y relativamente generoso sistema de seguridad social. Ya hoy es deficitario, por lo cual el Gobierno debe transferirle fondos y destinar parte de lo recaudado por ciertos impuestos para cubrir ese bache -de, actualmente, 11 puntos del PIB-, que se ahondaría sin no hubiese una reforma.
El avance en el trámite parlamentario de la ley que crea el sistema previsional único fue saludado ya este martes por la agencia Standard & Poor´s, que le mejoró la calificación de riesgo a la deuda pública de Uruguay elevándola a "BBB+", un segundo escalón dentro del grado de investment grade. La reforma "debería contribuir a estabilizar las finanzas públicas en los próximos años y limitar el aumento de la carga de la deuda", señaló la calificadora en su comunicado.
Cuando acabe la cuenta regresiva Lacalle Pou dejará el mando y volverá al llano como dirigente político, ya que en Uruguay no existe el mecanismo de la reelección.
Si esta reforma será valorada como antipopular y sacará del poder a su coalición, o si la ciudadanía la considerará el legado de un Presidente responsable que no midió costos políticos, se sabrá en 2024.