En Brasil piden replicar una polémica medida de Milei, pero Lula se resiste
En un momento en el que el presidente Javier Milei destaca el éxito de su gestión a la hora de reducir el déficit público, al otro lado de la frontera podrían seguir el mismo camino: altos funcionarios del equipo económico de Brasil están señalando la necesidad de frenar el gasto en pensiones para apuntalar las cuentas públicas.
A pesar de una amplia reforma de las pensiones de 2019, el gasto en jubilaciones y prestaciones de pensiones sigue aumentando, principalmente como consecuencia del envejecimiento de la población, a lo que se suma la política de Lula da Silva de aumentar las prestaciones más que la inflación.
Sin embargo, el secretario del Tesoro, Rogério Ceron, ya remarcó que los gastos de pensiones "todavía merecen atención" y pueden requerir "medidas que permitan que la dinámica de este gasto tenga un crecimiento compatible con la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo".
Los últimos datos del Tesoro muestran que, en los 12 meses hasta marzo, el déficit de pensiones, incluidos los funcionarios públicos y los miembros del servicio militar, alcanzó el 4 % del PIB.
En este sentido, la ministra de Planificación, Simone Tebet, anticipó que está discutiendo propuestas que incluyen desvincular las pensiones y los beneficios sociales de una política de aumentos reales del salario mínimo.
"Tendremos que hacerlo por convicción o por necesidad. Tengo que preparar el menú de ajustes para que el presidente Lula decida si puede avanzar y cuándo", agregó.
No obstante, la gran cuestión es si Lula, cada vez más vinculado con las políticas intervencionistas y un estado paternalista, aceptará tomar una medida que iría en contra de su supuesto compromiso con el pueblo brasileño.
Por ejemplo, Lula les ha dicho a sus asesores que la política actual de ganancias reales para el salario mínimo debería mantenerse a expensas de todas las demás.
Recientemente, después de años sin ganancias reales, Lula aprobó una ley en 2023 que establece que los ajustes anuales del salario mínimo deberían considerar la inflación medida por el índice INPC en los 12 meses anteriores más la tasa de expansión del PIB de dos años antes.