YPF retiene sus ductos por 10 años más, pero deberá invertir más de U$S 360 millones
A través del Decreto 698/2025, el Gobierno nacional prorrogó por diez años las concesiones de transporte de crudo y derivados otorgadas a YPF S.A. La medida abarca oleoductos y poliductos que atraviesan Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y entrará en vigencia a partir de noviembre de 2027, una vez vencidos los plazos originales.
Sin embargo, la prórroga no es automática: está condicionada a la ejecución de un plan de inversiones por U$S 364,3 millones, enfocado en optimizar, modernizar y ampliar la infraestructura existente entre 2027 y 2037.
Para que el nuevo plazo se haga efectivo, YPF deberá invertir previamente U$S 278,1 millones entre 2025 y 2027. Estas inversiones apuntan al fortalecimiento del sistema antes de la renovación y serán auditadas semestralmente por entes técnicos y contables independientes.
El decreto aclara que el incumplimiento injustificado de estas obras podrá derivar en la caducidad de la concesión prorrogada, conforme al artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos.
El Plan de Inversiones aprobado por Nación contempla los siguientes componentes para el período 2027-2037:
- Ampliación de capacidad de transporte: U$S13,3 millones
- Optimización de sistemas: U$S 91,7 millones
- Mejoras de seguridad operativa: U$S 162,4 millones
- Automatización de válvulas y control: U$S 24,6 millones
A partir de 2028, la empresa deberá presentar informes anuales sobre la ejecución del plan.El decreto también obliga a YPF a regularizar las servidumbres de paso y ocupación en terrenos afectados por los ductos. Deberá formalizarlas en un plazo de 60 días, y también inscribirlas en los registros de propiedad en 180 días
Además, la red de transporte deberá mantenerse abierta a terceros, conforme a la normativa vigente (Decretos 44/91 y 115/19), con tarifas reguladas y condiciones equitativas de acceso.
La Secretaría de Energía será la encargada de controlar el cumplimiento del plan, con apoyo de auditorías externas. Todo bajo el paraguas de la Ley 17.319, que regula la actividad hidrocarburífera en Argentina.
Con esta prórroga, Nación busca garantizar la continuidad operativa de una red clave para el transporte de hidrocarburos desde Vaca Muerta hasta los polos de refinación del centro y litoral del país.
Para YPF, el desafío será cumplir con las inversiones en un contexto económico complejo, bajo control público y con nuevas obligaciones legales.
El foco no solo está puesto en la eficiencia operativa, sino también en el cumplimiento regulatorio, la transparencia tarifaria y la relación con los territorios atravesados por la infraestructura. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar