Ley de Glaciares: advierten que, sin reglas claras, la protección ambiental se debilita
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) afirmó que el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, actualmente en debate en el Congreso, no implica un retroceso en materia ambiental, sino una oportunidad para fortalecer la protección de los glaciares sobre bases jurídicas más claras, previsibles y acordes con el esquema federal previsto en la Constitución.
La entidad sostuvo que la iniciativa apunta a corregir imprecisiones conceptuales de la Ley 26.639 que, en la práctica, derivaron en interpretaciones dispares, conflictos de competencia y un escenario de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las autoridades de aplicación como a los actores económicos.
Según el IADEM, la falta de definiciones claras debilita la eficacia de la tutela ambiental y erosiona la confianza necesaria para el desarrollo de inversiones de largo plazo. En ese sentido, remarcó que un derecho ambiental efectivo no puede sostenerse sobre normas ambiguas y que la precisión normativa no reduce los niveles de protección, sino que los fortalece al hacer más eficiente su aplicación.
El instituto también destacó que el proyecto respeta el federalismo ambiental consagrado en la Constitución. Recordó que el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Para el IADEM, ambos principios deben articularse de manera armónica.
En esa línea, valoró que la adecuación de la ley contemple una participación activa de las provincias, a las que definió como actores centrales e insustituibles en la gestión, administración y protección de los recursos naturales. A su vez, subrayó que el conocimiento técnico y territorial de las autoridades locales resulta clave para una protección más eficaz de los glaciares y de las geoformas periglaciares con función hídrica relevante.
El organismo aclaró que la participación provincial no habilita actuaciones discrecionales ni al margen del ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, señaló que el ejercicio del dominio originario debe ajustarse a los presupuestos mínimos ambientales y no puede derivar en restricciones irrazonables que frustren las políticas definidas a nivel nacional.
Por último, el IADEM consideró imprescindible avanzar con la sanción del proyecto para superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer el federalismo ambiental. "La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece", concluyó.