Las energías renovables pierden impulso tras el fin de la ley que transformó al sector en Argentina
El sector de energías renovables atraviesa un escenario de incertidumbre tras el vencimiento, el 31 de diciembre de 2025, de la Ley 27.191, la normativa que durante una década impulsó el desarrollo de proyectos eólicos, solares y de biomasa en Argentina.
La pérdida de los beneficios fiscales, financieros y regulatorios previstos por esa legislación impacta directamente sobre las nuevas inversiones y genera preocupación en una industria que había logrado posicionar al país entre los mercados renovables más dinámicos de la región.
La situación cobra además nueva relevancia en medio de la crisis energética internacional derivada de los conflictos en Oriente Medio y la fuerte suba del precio del petróleo, un escenario que volvió a poner el foco global sobre las fuentes alternativas de energía.
Según un análisis elaborado por KPMG, la finalización del régimen marca "un punto de inflexión" para el sector, debido a que los nuevos proyectos ya no cuentan con herramientas que fueron claves para atraer capital y reducir riesgos de inversión.
La Ley 27.191 había sido sancionada en 2015 con el objetivo de expandir la participación de energías renovables en la matriz eléctrica argentina. Durante su vigencia permitió movilizar inversiones directas por US$ 11.500 millones mediante 193 proyectos operativos y otros 44 en construcción, según datos del informe "RenovAr Programme Case Study" elaborado por RELP.
El crecimiento del sector durante la última década fue significativo. Mientras en 2015 las energías renovables apenas representaban el 1,9% de la demanda eléctrica nacional, en 2025 alcanzaron el 18,9%, muy cerca de la meta oficial del 20% fijada por la propia ley. La potencia instalada renovable se expandió en aproximadamente 7.200 MW y la generación total de energía limpia se multiplicó por diez en apenas diez años.
El desarrollo estuvo impulsado principalmente por la expansión de la energía eólica y solar. En 2015 la generación renovable dependía mayormente de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, mientras que actualmente cerca del 70% de la energía renovable proviene de parques eólicos y otro 19% corresponde a proyectos solares.
Uno de los principales motores de ese crecimiento fue el esquema de incentivos diseñado por la ley. Entre ellos figuraban la amortización acelerada en Ganancias, devolución anticipada de IVA, beneficios aduaneros para importación de equipamiento y certificados fiscales transferibles.
A eso se sumó la creación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), un fideicomiso público que actuó como garantía financiera para contratos de abastecimiento eléctrico bajo el programa RenovAr. Ese mecanismo permitió reducir riesgos y facilitar el acceso al financiamiento internacional para proyectos de gran escala.
Con el vencimiento de la normativa, el sector quedó sin nuevos objetivos oficiales de expansión renovable ni herramientas equivalentes de respaldo financiero. También perdió fuerza el programa RenovAr y comenzaron a evidenciarse límites en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), especialmente por restricciones en infraestructura de transporte eléctrico y mayores riesgos crediticios.
Desde el sector privado advierten que la falta de previsibilidad regulatoria podría frenar nuevos desarrollos justo en un momento donde la demanda global de energía limpia vuelve a acelerarse. En ese contexto, analistas consideran necesario avanzar en un nuevo esquema que garantice estabilidad fiscal, seguridad jurídica e inversiones en redes de transporte eléctrico.
Entre las herramientas actualmente disponibles aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos de gran escala. De hecho, YPF Luz ya obtuvo aprobación para desarrollar un parque solar de 305 MW en Mendoza con una inversión de US$ 211 millones bajo ese esquema. Sin embargo, gran parte de los proyectos renovables medianos y pequeños quedan fuera del alcance del régimen por cuestiones de escala.
El desafío para Argentina pasa ahora por definir si el crecimiento renovable de la última década fue un proceso excepcional sostenido por incentivos temporales o el punto de partida de una política energética de largo plazo orientada a la transición energética y la diversificación de la matriz eléctrica nacional. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar