Infraestructura eléctrica: el Gobierno simplifica normas y elimina trabas regulatorias
El Gobiernoaprobó una actualización integral de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV, modernizando un marco regulatorio que llevaba 27 años sin revisión.
La medida adopta estándares internacionales de organismos como la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE por sus siglas en inglés) y se basa en la mejor evidencia científica disponible sobre exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).
A diferencia del marco previo —que había quedado desactualizado y en numerosos casos sobrecumplía los estándares internacionales vigentes— la nueva normativa ordena criterios, elimina exigencias sin sustento científico actual y evita restricciones innecesarias que generaban demoras, costos adicionales y obstáculos en obras de infraestructura eléctrica.
- La actualización mantiene un nivel de protección adecuado, alineado con la evidencia y con los organismos de referencia global, al tiempo que brinda reglas claras, operativas y técnicamente consistentes.
La actualización fue desarrollada mediante un proceso técnico y participativo que incluyó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las principales cámaras del sector eléctrico.
Los organismos consultados coincidieron en la necesidad de contar con criterios actualizados, claros y consistentes para fortalecer la protección ambiental y sanitaria, y garantizar una aplicación homogénea y técnicamente sólida en todo el país.
El nuevo esquema no implica una reducción del nivel de protección vigente: por el contrario, lo fortalece a partir de parámetros más precisos, metodologías de medición reconocidas internacionalmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales del Estado Nacional.
La resolución también establece que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria y que los parámetros actualizados serán obligatorios para los nuevos proyectos y ampliaciones, garantizando una transición ordenada y técnicamente consistente.