Hidroeléctricas, una nueva muestra de improvisación del Gobierno
Este año vencen las más importantes concesiones de las presas y centrales hidroeléctricas que fueron contratadas hace 30 años. En particular, el 11 de agosto, dos días antes de las PASO finalizan los contratos de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW). Estas centrales hidroeléctricas hacen un aporte importante a la demanda eléctrica que puede cubrir aproximadamente hasta el 10% de la demanda máxima registrada en el sistema interconectado.
Obviamente se sabían las fechas de finalización de las concesiones desde la firma del contrato. Sin embargo, este Gobierno, cuyo Presidente se jacta de no tener planes, en una nueva demostración de improvisación absoluta, sin ninguna información oficial, parecería haber tomado una decisión y habría una instrucción del ministro Sergio Massa a la secretaria de Energía, Flavia Royón, para crear una nueva empresa que maneje estas centrales a partir de agosto.
Esto podría relacionarse a un proyecto presentado por el senador Oscar Parrilli, pero que nunca llegó siquiera a discutirse en comisión, en el cual la gestión de estas centrales pasaría directamente a Enarsa, la cual no tiene ninguna experiencia en la operación ni mantenimiento de este tipo de obras o eventualmente a una nueva "Hidro-Enarsa".
Cualquier lector sin ser especialista puede entender que en menos de 90 días no puede armarse una empresa ni estatal ni privada que pueda operar estas 4 centrales y al mismo tiempo tener a cargo la seguridad de esas presas, en las cuales cualquier falla podría tener consecuencias catastróficas para las ciudades aguas abajo como Neuquén, Cipolletti y para todo el Alto Valle del Río Negro. Sin embargo, parece que en el Gobierno nadie se da cuenta.
En cuanto asuma en diciembre, la próxima gestión probablemente afrontará problemas de demanda de energía eléctrica en los días de calor, pues no se han realizado las mejoras en obras de distribución dado que hace unos días terminó la intervención en Edesur del intendente Jorge Ferraresi sin ningún resultado. Tampoco el sistema de generación está en buenas condiciones por problemas de mantenimiento y el sistema de transporte de alta tensión por falta de inversiones se encuentra saturado. Esta combinación nos pone en un alto riesgo, y si se presentara además una falla en alguna de las centrales hidroeléctricas por operación deficiente podría desencadenar una grave crisis: recordemos hace poco tiempo que una salida de servicio de Atucha I (360 MW) causó serios inconvenientes.
El año pasado en la gestión del secretario de Energía, Darío Martínez, se creó un equipo denominado "Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados" (ETAHC), para analizar el estado de las distintas obras que tenía un año de plazo hasta marzo pasado, pero hasta el momento se desconocen si ha terminado su trabajo y cuáles son sus conclusiones.
Las centrales cuyo vencimiento llega en agosto, si bien se encuentran bien mantenidas y operadas, en el caso particular de El Chocón y Cerros Colorados tienen más de 50 años de antigüedad, Arroyito un poco menos y en el de Alicurá casi 40 años, es decir, en los próximos años se requerirán importantes inversiones de modernización de sus equipos.
Según la información publicada por distintos medios la idea sería crear una empresa con mayoría del Estado Nacional y una participación de las provincias, y contratar a empresas privadas para la operación de las centrales, lo cual demostraría que el único objetivo es obtener una nueva caja para militantes y amigos del poder. Crear una nueva empresa o ente autónomo sin control público, nombrar con sueldos millonarios a gente sin experiencia, pero con militancia y apropiarse de fondos ha sido una política sistemática de los gobiernos kirchneristas.
Los contratos de concesión prevén que de forma automática se puedan prorrogar por un año, por lo cual la única solución razonable en estos tiempos electorales es realizar esa prórroga y mientras discutir en el Congreso, con la participación de las provincias, cuál es la mejor solución para seguir operando estas centrales de energías limpias y económicas durante los próximos 30 años.