Súper RIGI: el Gobierno presentó el nuevo régimen para inversiones desde US$ 1.000 millones
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley del denominado "Súper RIGI", un nuevo régimen de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina. La iniciativa, oficialmente llamada "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", tendrá una vigencia de cinco años y estará orientada a proyectos de al menos US$ 1.000 millones.
Según el texto oficial, el esquema buscará atraer emprendimientos vinculados con inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde, reactores nucleares pequeños (SMR), manufactura de baterías de litio y vehículos 100% eléctricos, entre otros sectores considerados estratégicos.
Qué condiciones deberán cumplir las empresas
El proyecto establece que solo podrán adherirse iniciativas vinculadas a actividades que "no se desarrollen, produzcan ni presten en el país" o cuyo desarrollo sea todavía experimental. Además, quedarán excluidas ampliaciones o reconversiones de empresas ya existentes.
Las inversiones deberán realizarse mediante sociedades creadas exclusivamente para cada proyecto, denominadas Vehículos de Proyecto Único (VPU). El piso mínimo será de US$ 1.000 millones y las compañías estarán obligadas a desembolsar al menos el 20% de esa inversión durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
Menos impuestos y libre acceso a divisas
Entre los principales beneficios, el Súper RIGI prevé una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, por debajo incluso de la tasa reducida del RIGI tradicional, que llegaba al 25%. También contempla amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal y una baja de la carga sobre dividendos y utilidades al 3,5% después de cuatro años.
El proyecto además elimina derechos de importación y exportación para bienes y productos vinculados a las iniciativas adheridas. En paralelo, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones:
- 20% el primer año desde la primera exportación
- 40% el segundo año
- 100% a partir del tercer año
Estabilidad fiscal por 30 años y arbitraje internacional
La iniciativa garantiza 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. También habilita que los conflictos entre el Estado y las empresas puedan resolverse mediante arbitraje internacional.
El texto además exige que provincias y municipios adhieran expresamente al régimen para que los proyectos puedan acceder a los beneficios nacionales. Incluso advierte que cualquier norma local que limite esos incentivos podría ser considerada "nula de nulidad absoluta e insanable".
"La experiencia acumulada y el diálogo con los actores productivos y financieros han evidenciado la necesidad de diseñar un instrumento superador", argumentó el Gobierno en los fundamentos del proyecto.