Registros del automotor: otro acierto en la gestión del Ministerio de Justicia
En lo que considero otro acierto en la gestión de Mariano Cúneo Libarona, y gracias a la labor del secretario de Justicia, Sebastián Amerio y el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, se ha dispuesto en primer lugar la revisión de registros automotores que estaban intervenidos, con el fin de realizar una auditoría de su actuación.
Posteriormente, se han tomado una serie de medidas que buscan actualizar y modernizar dichos registros, entre las cuales se incluye la eliminación del 40% y la digitalización de todos los legajos.
Esto permitirá establecer un repertorio único digital, eliminando así los legajos en papel, lo cual sin duda tendrá un impacto positivo en la agilización de trámites, la reducción de la burocracia y la disminución de las tarifas arancelarias.
Quizás el lector no lo sepa, pero el Ministerio de Justicia tiene bajo su responsabilidad varios registros públicos, entre los que se incluye la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (D.N.R.P.A.).
En este sentido, uno puede o no estar de acuerdo con las políticas implementadas por el actual Poder Ejecutivo, pero es innegable que la adopción de medidas sobre temas de larga data, como el que nos ocupa, es auspiciosa.
En efecto, son dos cuestiones que preocupan respecto de la actuación de los registros: uno, de índole interna, en cuanto a su funcionamiento, y otro, sobre el servicio que se presta a la sociedad.
En cuanto al primero de esos aspectos, pone en blanco sobre negro una cuestión harto conocida para cualquiera que esté en "el rubro": los registros, en ocasiones, son parte de un botín que, al igual que muchos otros en la gestión política, se distribuyen según conveniencia.
No es una novedad, pero como sucede con todo negocio, se saca a uno e ingresa otro lugarteniente. Desde esa óptica, todo se recicla y no hace falta ser Sherlock Holmes para saber que no existen las coincidencias que lleven a la titularidad de esos registros a parientes o amigos.
Luego, otro aspecto de toda relevancia para la Sociedad tiene que ver con el trámite. Demasiados papeles en la era de la digitalización, sin ningún sostén lógico. Y no hablo, claro está, del resguardo documental. No solo el informe de dominio que necesito hacer previo a adquirir un vehículo es 100% digital, sino que el propio título automotor lo es e incluso la denuncia de venta, con todos los efectos que hacen a la responsabilidad civil.
En este punto, ni siquiera cuestiones de estricta ciberseguridad contradicen este camino. Aquel fue un acierto del Ministerio durante la gestión de Mauricio Macri, de algún modo y sin perjuicio del peso de los tributos (que no es para nada menor) alivianó la carga arancelaria en los trámites -aun parcialmente- online, aspecto que intensificó la cartera de Justicia del gobierno de Alberto Fernández al ampliar el catálogo de trámites a concluir por esa vía.
Es entonces que, ante todo, se tiene que pensar en el administrado. Como bien dijo un flamante miembro de este organismo, "somos servidores públicos" y es entonces que, sin perjuicio de efectuar los controles de legalidad propios de cada registro, se debe estar al servicio del contribuyente.
La demora innecesaria en el caudal de trámites a efectuar ante cada circunstancia con un vehículo es agotadora y costosa. En algunos casos, ello no tiene solo que ver con el D.N.R.P.A. (verificación policial; grabado de autopartes; VTV; todo atendido por distintos sujetos que nos llevan a realizar turismo de los organismos).
El "pago" presencial de los aranceles lleva en ocasiones una hora, o hora y media. Por si fuera poco, previo a este martirio, los propios turnos que se obtienen -de forma online- para trámites presenciales muchas veces están a un mes de distancia.
Insólito e inexplicable, cuando estamos a un QR de distancia que haría todo más eficiente, como cuando realizo el trámite desde mi computadora personal. La transformación digital no solo implica la modernización de procesos, sino también un cambio cultural que priorice la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad.
Sobrados ejemplos nos deben hacer reflexionar sobre la innecesaridad de trámites presenciales en el inevitable avance de la digitalización y la despapelización. En esa tónica es que el actual Ministerio de Justicia indudablemente ha acertado. Ello llevará a que todo trámite sea mejor, más sencillo (no con mil formularios) y menos costoso.
Sin duda, su compromiso con la simplificación de trámites y la eliminación de barreras burocráticas es un paso crucial hacia un Estado más ágil y cercano al ciudadano.
Haga el lector un ejercicio y pregúntele a cualquiera que salga de hacer un trámite automotor: pocas serán las excepciones a este comentario.