Patricia Bullrich habló sobre la baja de la imputabilidad: "Se está discutiendo si es 14, 13 o 12"
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno tiene el tema en agenda y que se encuentran analizando las distintas experiencias de países como Uruguay y Brasil. Además aclaró que "en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad".
En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la ministra afirmó que el Gobierno de Javier Milei está considerando la baja de la imputabilidad: "Todavía se está discutiendo la edad, si es a 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil". Además, aseguró que es necesario diferenciar la gravedad de los casos antes de condenar a los responsables: "Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Además depende del delito. Hay delitos de sangre, donde nosotros queremos la máxima pena; hay delitos menores, donde uno puede tratar que el menor recapacite, por ejemplo, un pequeño hurto, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre". Sin embargo, afirmó que deben seguir estudiando el tema ya que en Argentina hay convenios internacionales que tienen rango constitucional.
También explicó que están analizando el impacto de esta medida en la población de cada país y puso de ejemplo a Estados Unidos con la denominada "teoría de las ventanas rotas": "Tenían un tratamiento especial cuando alguien comenzaba con un delito menor para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York".
Esta teoría fue introducida en 1982 por los científicos sociales James Q. Wilson y George L. Kelling, para luego ser implementada en los 90' por el comisario de la policía de Nueva York, William Bratton, y el alcalde Rudy Giuliani. Esta suposición establece que si se abordan con atención los delitos menores habrá un clima que desincentivará los casos de delitos más graves. Sin embargo, Wilson y Kelling sostienen que esta práctica no debe ser tratada con una política de tolerancia cero sino como un método que requiere "una cuidadosa formación, directrices y supervisión" y una relación positiva con las comunidades.
A su vez, la ministra de Seguridad destacó que se está implementando una política que expulsa a los extranjeros que cometen actividades ilícitas en la Argentina: "Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros".
¿Cómo es el caso de otros países?
La Convención de Derechos del Niño (CDN) exige a los estados "establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no han infringido la ley penal" y recomienda "asegurarse de que la edad mínima de responsabilidad penal sea 14 años y lo más cerca posible a 18". Por lo que, el tipo de tribunal que trata los casos, el monto y tipo de pena que se podrá aplicar varía de acuerdo a cada país.
Hoy en día Argentina es, junto a Cuba, de los pocos países que mantuvieron el tope mínimo en los 16 años. Patricia Bullrich citó a algunos países como ejemplo a seguir, como el caso de Uruguay donde la edad de imputabilidad es de 13 años, y Brasil que es de 12 años.
Según el informe "Edades legales mínimas y la realización de los derechos de los adolescentes. Un repaso sobre la situación de América Latina y el Caribe", publicado por UNICEF en el 2017, la mayoría de los Estados de Latinoamérica trazaron un límite en los 12 años, como Brasil, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Honduras. Por otro lado, algunos países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela establecieron los 14 años como edad mínima de responsabilidad, similar a lo que ocurre en la mayoría de los sistemas penales europeos. Incluso en otras naciones del Caribe el piso es aún más bajo: en Granada y Trinidad y Tobago, la edad mínima está fijada en 7 años, mientras que en Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas es de 8 años. Sin embargo, esto no se reduce únicamente al Caribe: en países europeos como Irlanda la edad mínima también es de 7 años, mientras que en Escocia el tope inferior es de 8.
Antecedentes en Argentina
Esta no es la primera vez que se plantea el debate acerca de la baja de imputabilidad. Actualmente en la Argentina rige el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980 durante la última dictadura cívico militar. Esta ley indica que los menores de 16 años no pueden ser detenidos ni juzgados en una cárcel ya que la Justicia los considera inimputables. Sin embargo, el juez puede decidir enviarlos a institutos penales en donde pueden permanecer por tiempo indeterminado. Al mismo tiempo, aquellos que tengan entre 16 y 18 años son considerados punibles en caso de cometer delitos con penas mayores a 2 años de prisión, aunque no pueden ir a la cárcel hasta que no sean mayores de edad.
En el 2009, durante el primer mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Senado aprobó un régimen penal juvenil para menores de entre 14 y 16 años, pero este no fue aprobado por Diputados. Casi una década después, en el 2017, Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos, propuso reducir la imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos. Sin embargo, fue dos años después, en el 2019, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para bajarla a 15 años, el cual tampoco prosperó.
En ese entonces el presidente Mauricio Macri sostuvo que esta nueva normativa era necesaria ya que era "una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes", por lo que "hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad".
Este año, luego del asesinato de Bruno Bussanich -un joven de 25 años que trabajaba en un estación de servicio de Rosario y fue asesinado por un sicario- el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quiso acelerar las modificaciones que tenía planificadas para el régimen penal argentino. Para el ministro es necesario actualizar esta normativa ya que "el chico de la ley de 1980 que nos rige no es el mismo chico de hoy, el de 14 de hoy vuela". Además aseguró que el acceso a los teléfonos celulares y la tecnología facilitaron el ingreso de los menores al mundo de la delincuencia.