La reforma laboral traba el avance de la Ley de Bases y complica la agenda del Gobierno
La incorporación de la reforma laboral dentro del nuevo texto de la Ley de Bases complicó la apretada agenda del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanza con los preparativos para la convocatoria al plenario de comisiones para dictaminar el proyecto este jueves y llegar al recinto la semana próxima. Pero las negociaciones se tensaron y el debate podría llegar más tarde de lo esperado.
El primero en alertar sobre el asunto fue el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien adelantó que no votará el capítulo laboral de la nueva Ley de Bases.
"Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor [Julio] Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos... No, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo, eso es un ataque sorpresivo por la noche", definió.
Pichetto solo admite que se incluyan algunos puntos de la reforma laboral, como la eliminación de multas a los empleadores o el aumento del período de pruebas de tres a ocho meses, pero reclama que lo demás quede para una discusión futura con empresarios y sindicalistas.
En ese marco, el oficialismo empezó a barajar la idea de sacar el capítulo del proyecto, lo cual encendió una alerta en la UCR y el PRO, ya que incorporar a la ley la reforma laboral fue un pedido de ambos espacios.
"Sin reforma laboral no cuenten con nosotros para la Ley de Bases", amenazó un referente del bloque radical tras una serie de reuniones fallidas en el despacho de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Ante la falta de consensos, la bancada de la UCR salió a marcar posición porque consideran que el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso asumido.
El capítulo laboral incorporado en el DNU 70/2023 fue bloqueado por la Justicia. A diferencia del decreto, el nuevo proyecto de ley que incorpora las recomendaciones de la UCR reduce el período de prueba de ocho a seis meses, limita las cuotas solidarias de los trabajadores a sus sindicatos que se establecen en determinados convenios colectivos y acorta las penas para quienes protesten bloqueando empresas. En lugar de tres a seis años de cárcel, se aplicarían de seis meses a tres años.
El objetivo del oficialismo es que el proyecto, junto al paquete fiscal, reciban media sanción antes del 1 de mayo, para que el Senado los apruebe antes del 25 de mayo.
De esa manera, podría cumplir con los plazos para llegar al Pacto de Mayo con las iniciativas aprobadas. Se trata de una condición establecida por el presidente Javier Milei para celebrar el acuerdo junto a los mandatarios provinciales en Córdoba.
En este panorama, el desequilibrio en las negociaciones respecto a la Ley de Bases podría hacer peligrar el Pacto de Mayo en el caso de que no se cumplan con los plazos pautados por La Libertad Avanza.