La prioridad del sector: ¿eliminar el cepo o modificar la Ley de Hidrocaburos?

Tras el fracaso del primer intento en el mes de febrero, el Gobierno logró instalar en la agenda parlamentaria el debate sobre el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como la Ley Ómnibus o Ley Bases.

Regalías, régimen de incentivos a la inversión, privatizaciones, prórrogas en las concesiones, libre exportación, abastecimiento del mercado interno, fondos fiduciarios y el rol de las provincias productoras de hidrocarburos forman parte del conglomerado de temas del capítulo energético que integran la nueva ley.

Precisamente el segundo bloque temático del texto de la Ley se refiere a la energía y consta de 54 artículos divididos en 6 capítulos que incluyen las modificaciones a la ley de Hidrocarburos N° 17.319; a la ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas Natural; a la Ley 26.741; la unificación de los Entes Reguladores; la adecuación de la Ley 15.336 y 24.065 que en conjunto constituyen el marco regulatorio eléctrico; y finalmente la legislación ambiental uniforme conforme a la Ley 27.007.  El tercer bloque temático incluye el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y consta de 70 artículos.

Sin embargo, frente a las urgencias que presenta hoy el crecimiento acelerado, especialmente de Vaca Muerta y del mapa que incluye diversos proyectos de infraestructura, el sector petrolero enfrenta un interrogante escuchado por estas horas: ¿es más importante eliminar el cepo o modificar la Ley de Hidrocaburos?

Quien plantea el tema es Nicolás Gadano, economista Jefe de la consultora Empiria y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. En una charla con El Economista, aseguró que "hoy para darle más velocidad y dinamismo al desarrollo de Vaca Muerta es mucho más importante salir del cepo con un mercado único y libre de cambios, que modificar la ley de Hidrocarburos".

"Los cambios a la Ley 17.319 que busca aprobar el Gobierno más orientado al mercado externo que al autoabastecimiento es una buena señal para los empresarios. No obstante, el tema no estaba en la agenda de las prioridades de la industria a principios de este año. La Ley de Hidrocarburos es antigua y mejorable, pero de hecho toda la etapa expansiva de los '90 con los gasoductos y oleoductos de exportación se hizo bajo esa normativa", advirtió. 

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), Gadano se mostró más bien escéptico. 

"No soy muy proclive a este tipo de iniciativas. De hecho cuando Argentina entra en procesos de crisis ni siquiera se respetan. Creo que es más importante consolidar el avance hacia una economía superavitaria con déficit fiscal cero y un esquema cambiario libre y estable", afirmó.

Mirada crítica

Para el Instituto de Energía Mosconi (IAE) el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo (PEN) carece de un "plan energético integral".

"Tiene un sesgo exportador de productos primarios sin valor agregado y deja de lado el interés el Estado, contenido en la ley 17.319, en el suministro prioritario al mercado interno de combustibles como interés prioritario. Es muy importante poner de manifiesto que el PEN propone reformar algunas leyes del sector sin haber presentado un plan energético integral nacional", advirtió.

Según el IAE, se propone avanzar hacia un sistema de libre comercio, interior y exterior, y confía en que esa libertad será el vector que movilizará la producción y la creación de valor agregado, que cubrirá las necesidades de hidrocarburos del país y que los hará accesibles para la población, el transporte, el comercio y la industria. También apuesta a que el sector se convierta en una fuente importante de ingreso de divisas.

Sobre el RIGI, que se desarrolla en 69 artículos, considera que debería contener en forma explícita en los fundamentos del proyecto de Ley los objetivos precisos de qué proyectos se quieren promover, ofreciendo respaldo técnico solido respecto al beneficio social asociada a la inversión", señalaron.

Para el organismo que preside Jorge Lapeña, el régimen debería contemplar un mecanismo de información transparente respecto a los proyectos e invitar a propuestas alternativas. 

Esto permitiría la evaluación de las propuestas a promocionar; la evaluación del impacto fiscal de cada proyecto y establecer cupos promocionales en la Ley de presupuesto, de manera de controlar el gasto tributario; y unificar los beneficios, nada justifica los beneficios diferenciales a aquellos proyectos de "exportación estratégica".

El RIGI y las pymes neuquinas

Desde la provincia de Neuquén si bien hay consenso sobre los cambios principales a Ley Ómnibus, la Federación de Cámaras del Sector Energético (FECENE) que incluye a las pymes del sector emitió un comunicado en el que asegura que el texto de la nueva normativa "no contempla explícitamente la participación de las empresas regionales en el desarrollo del país". 

Sus referentes dejaron bien en claro que "las empresas son el motor del crecimiento económico y la generación de empleo en Argentina. Representan el 97% del tejido empresarial y son responsables de la creación de más del 60% de los puestos de trabajo. Por lo tanto, su inclusión en la Ley de Bases es fundamental para garantizar que los beneficios de esta iniciativa lleguen a todos los sectores de la sociedad".

Si bien apoyaron la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, reclamaron que se incorporen medidas específicas para apoyar el desarrollo de nuestras empresas neuquinas, considerando el concepto de Cadena de Valor Integral. 

"Esto implica fortalecer las capacidades de las empresas, en nuestro caso, de empresas neuquinas; en todas las etapas del proceso productivo, desde la adquisición de insumos hasta la comercialización de sus productos y servicios", señalaron.  

Y enfatizaron que "se haga extensible los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a las empresas que conforman la cadena de valor estratégica con el fin de dotarlas de competitividad, permitiendo el desarrollo de las empresas que la integran, evitando así la integración de servicios".