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Ya despegó la ejecución del presupuesto social

18-10-2016
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Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), el gasto público social ejecutado al cierre del segundo trimestre del año fue de $517.324,6 millones, lo que representa un incremento del 33,3% interanual. Dicha suba resultó 4,1 puntos porcentuales superior a la variación que se registró en la Administración Pública Nacional, que fue de 29,2%.

La ejecución de los servicios sociales fue del 47,8% del crédito vigente, por debajo de los ratios alcanzado en el trienio 2013-2015. Por otro lado, la relación del gasto público social respecto del total de gastos de la Administración Pública Nacional llegó al 62,4%, inferior a la observada en el primer semestre de 2015, pero superior a las obtenidas en iguales períodos en los años 2014 y 2013.

Las funciones

Agua Potable y alcantarillado y seguridad social ejecutaron el 57,8% y 49,8% de sus respectivos créditos, superando al promedio de los servicios sociales. Para el caso particular de la seguridad social incidió la ampliación del universo y monto de las asignaciones familiares y AUH, de haberes jubilatorios, pensiones y moratorias previsionales. En el extremo opuesto, la función vivienda y urbanismo sólo alcanzó a ejecutar el 25,3%, lejos de los niveles alcanzados en los últimos años, pero recuperándose del 1,5% evidenciado al cierre del primer trimestre.

En el plano de las políticas sociales, durante el segundo trimestre se sancionó el Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, a través del cual se reajustarán haberes y se cancelarán deudas previsionales a más de dos millones de beneficiarios. Asimismo, a partir de abril se extendieron las asignaciones familiares y la AUH a los monotributistas y se incorporaron al sistema a los trabajadores temporarios. También en abril se otorgó un subsidio por única vez de $500 a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a los beneficiarios de los planes sociales.

Por otro lado, la ley creó la pensión universal para el adulto mayor, que consiste en una prestación vitalicia no contributiva, para las personas de 65 años o más, que no sean beneficiarios de jubilación, pensión o retiro, y cumplan con los requisitos que establece la ley.

Los programas de infraestructura social que mostraron baja o nula ejecución en el primer trimestre, registraron una heterogénea mejora en su ejecución. Como ejemplo puede citarse el programa Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura social (BID), que alcanzó una ejecución del 60%. Los programas del Ministerio del Interior, correspondientes a las funciones Vivienda y Urbanismo y promoción y Asistencia Social alcanzaron ratios de entre 17% y 24%.

Los menores niveles se registraron en los programas Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (6%) y en el Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios, que no registró ejecución.

En subsidios personales se ejecutaron $40.835 millones (destinados a 11 millones de beneficiarios), el 49,1% del presupuesto vigente, levemente superior al promedio del gasto público social y con desigual comportamiento entre los programas. El programa Inclusión Social agotó el presupuesto por completo, luego de no haber registrado ejecución en el trimestre anterior, mientras que Complementos a las Prestaciones Previsionales ejecutó el 81,8%, ambos alejados del resto de los programas. “Esta situación hace suponer que durante el resto de año deberán reforzarse las asignaciones”, consideraron desde Asap. Por su parte, el programa Ingreso Social con Trabajo ejecutó el 55,3%, mientras que PROGRESAR y Acciones de Empleo estuvieron en línea con la ejecución promedio del gasto.

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