El fiscal federal Ramiro González solicitó ayer que el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, sea elevado a juicio oral y público en el marco de la causa en la que se investiga su responsabilidad penal en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, y otras 789 resultaron heridas. En tanto, el legislador consideró que el pedido en su contra es “extemporáneo e injusto” e insistió en que “se trató de un error humano”.
El fiscal consideró concluida la investigación y le requirió al juez federal Claudio Bonadio que el ex funcionario kirchnerista y el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), Gustavo Simeonoff, sean sometidos a juicio oral y público. El exministro de Planificación Federal está acusado de haber tenido conocimiento del mal estado en el que se encontraba parte del sistema ferroviario y no haber aplicado los controles y las sanciones correspondientes a quienes explotaban el servicio de transporte público en la época en la que se produjo el choque del tren de la línea Sarmiento.
De Vido habló sobre el tema al término de la reunión de la comisión de Energía que preside, y que ayer recibió a representantes de la industria del biodiésel. “El juzgado de Claudio Bonadio no es el de alzada que corresponde a la causa”, insistió el ex ministro ante la consulta periodística sobre lo dispuesto hoy por la Justicia. Y reiteró que a su criterio se trató de “un error humano” e hizo hincapié en que “luego del de Once ocurrieron otros dos accidentes que no tuvieron el mismo tratamiento”, cuando su lugar a cargo de la política ferroviaria ya lo ocupaba Florencio Randazzo.
El requerimiento del fiscal González remarcó que los delitos por los que los ex funcionarios deben ser juzgados son “estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta agravado por ser en perjuicio de una administración pública”. El 10 de mayo, Bonadio había procesado a De Vido como presunto coautor del delito de descarrilamiento y participe necesario de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y le trabó un embargo por 600 millones de pesos.
