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Para frenar las críticas, reimpulsan el programa Argentina Trabaja

El Gobierno debate con las organizaciones sociales modificaciones en la ejecución de los proyectos heredados del kirchnerismo.

18-07-2016
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El Gobierno Nacional busca reimpulsar el programa Argentina Trabaja, que alcanza a poco más de 105.000 beneficiarios en 143 localidades de quince provincias, como forma de contener la creciente demanda de las organizaciones sociales que consideran hasta el momento “insuficiente” la respuesta de las autoridades, en un contexto de “desempleo, inflación y caída del salario real”. Actualmente el programa está siendo revisado y en el Ministerio de Desarrollo Social debaten introducir modificaciones en su ejecución, por lo que no está incorporando nuevos beneficiarios.

“Creemos que las organizaciones sociales cumplen un papel esencial en el desarrollo territorial y que la política pública debe incluir su mirada”, sostuvo el titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Kelly, quien marcó como “prioridad” encontrar “al mejor candidato para ejecutar los programas en cada territorio” y “ampliar los criterios de autonomía” de los proyectos barriales.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y las organizaciones sociales Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Transversal y el Polo Obrero advirtieron que la “recesión y la estrepitosa caída de la construcción” impactaron de lleno en el trabajo informal y diezmaron las llamadas “changas”, que resultan “indispensables” para los sectores más desprotegidos. Si bien aceptaron que el gobierno de Mauricio Macri mantuvo y reeditó los proyectos enmarcados en Argentina Trabaja, las organizaciones consideraron “insuficiente” la respuesta del Gobierno para “quienes se caen del mercado laboral” y son impactados por el “desempleo, la inflación y la caída del salario real”.

El dirigente de la Ctep y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, reconoció que la gestión de Cambiemos permitió la “continuidad laboral de los programas”, pero juzgó que esas medidas “siguen siendo paliativos y no respuestas estructurales a la difícil situación de los trabajadores informales”. Onorato confirmó que acordó con el Gobierno la ejecución de 17 proyectos, que involucran a unos 20.000 trabajadores, “sin la intervención de municipios”, es decir que las propias organizaciones sociales determinarán la obra, el lugar y la continuidad de los convenios, con la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social.

El programa Argentina Trabaja, formalmente denominado Ingreso Social con Trabajo y con un total de 105.512 beneficiarios, permite que personas “sin ningún ingreso formal ni programa social” cobren un salario mensual por su participación en obras de infraestructura en sus comunidades o en proyectos que reditúen la adquisición de “habilidades que mejoran su calidad de vida y su empleabilidad”.

Organizados en cooperativas, los beneficiarios dependían hasta ahora de un ente ejecutor (municipios, provincias o el INAES), pero con la llegada de Cambiemos al gobierno los referentes de la economía popular están en conversaciones para modificar la forma de ejecución de esos proyectos, que podría ser mixta en algunos casos.

“Necesitamos que (quien ejecute el programa en territorio) esté comprometido con el programa, comparta nuestra visión y le dedique el tiempo y el equipo necesario para implementarlo de manera eficiente; puede ser el municipio, la organización social o, en algunas localidades, más de un ente ejecutor”, explicó Kelly y admitió que en este “contexto de consolidación” de proyectos “no se están haciendo altas nuevas”.

Mientras tienen puestas sus expectativas en quitarle a los municipios el control de los planes, las organizaciones siguen considerando que la atención del Estado repite parte del esquema asistencialista desarrollado por el kirchnerismo y “está lejos” de un enfoque que apunte a resolver la pobreza estructural. En esto coincidieron la Ctep, el Frente Darío Santillán, la CTA, Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otros, a diferencia del Polo Obrero, que consideró que Macri busca “desentenderse” de los sectores marginados al dejar en las organizaciones el manejo de los programas.

Kelly resaltó que la nueva gestión tuvo como premisa inicial “garantizar la continuidad de los programas” y aseguró que Desarrollo Social está “redefiniendo lineamientos, mejorando procesos y construyendo herramientas nuevas para que (los proyectos) sean cada vez más eficientes y con mayor impacto”.

“La respuesta del Gobierno es insuficiente; los programas son los mismos pero hay 40% más de gente que busca comida o ayuda”, sostuvo el secretario general de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Cuestionó que “la implementación del ajuste no vino de la mano de políticas de contención” y criticó el “escaso” aumento de $500 en el pago mensual del programa Argentina Trabaja, que pasó de $2.600 a $3.100.

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