La modernización del Estado en sus tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) es indiscutiblemente un tema estratégico y urgente. Es imposible pensar en el desarrollo social sin un Estado presente y sumamente profesional que brinde los instrumentos que el mercado no genera por sí mismo, pero que necesita para funcionar con eficiencia y dar sus ventajas que son las condiciones para progresar. Los mercados necesitan del Estado para generar regulaciones que promuevan la competencia, para proteger los derechos de propiedad, para generar infraestructura pública y seguridad, y para gestionar con eficacia una red de protección social para los ciudadanos.
En esta perspectiva, es positivo el plan para dotar con herramientas modernas de gestión, propias de la era digital, a los aparatos del Estado. También lo es jerarquizar el empleo público y capacitarlo. Pero el desafío es mucho mayor. El reto más grande es ordenar los roles que deben cumplir la Nación, las provincias y los municipios y modernizar los estatutos del empleo público que hacen un uso abusivo del principio de estabilidad.
En la articulación de roles de los tres niveles de gobierno, actualmente se produce un complejo entramado de superposiciones en el cual los tres niveles le cobran impuestos a los ciudadanos, muchas veces sobre los mismos hechos imponibles (por ejemplo, las ventas que están gravadas con IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales; o los activos registrables que pagan impuestos a los tres niveles), y los tres niveles de gobierno quieren atender a los ciudadanos con intervenciones superpuestas. Así es como hay una infinidad de programas nacionales, provinciales y municipales de salud, educación, atención a la pobreza, viviendas, urbanismo, seguridad, etcétera, todos superpuestos, que terminan derrochando recursos públicos en burocracia y sin conocer a qué personas realmente llegan estos gastos.
Por el lado de las reglas del empleo público, es imprescindible revisar la interpretación que se hace de la garantía de estabilidad en el empleo público. Aplicar esta regla de manera extrema, excediendo el espíritu que la justifica ?que es evitar manejos arbitrarios en el Estado? genera poderosos incentivos a la falta de compromiso de los servidores públicos con los ciudadanos.
Bien venido el llamado a modernizar el Estado. Pero no hay que subestimar la magnitud del desafío. No se trata sólo de sumar tecnología y capacitación. Para avanzar en la modernización es prioritario replantear las funciones del Estado en consonancia con la organización federal y reformular las reglas del empleo público incorporando premios y castigos, y revisando las condiciones de estabilidad.
