por Mariano Cúparo Ortiz
El Frente Renovador presentó ayer el proyecto que declara la emergencia aduanera por un plazo de 120 días, renovable por otros 120. Tal como había anunciado el diputado Sergio Massa el fin de semana pasado, levantando cierta polvareda vía Twitter, el proyecto busca otorgarle, durante al menos 120 días, Licencias No Automáticas a las importaciones de consumo que no sean productos farmacéuticos o instrumentos médico quirúrgicos.
“Esta semana presentaremos un proyecto de ley que termine con la importación indiscriminada de productos que destruyen el trabajo Pyme. Nuestra propuesta suspende las importaciones por 120 días para productos que no pertenezcan al sistema de salud o a la cadena industrial. Hay que terminar por ley con el negociado de contrabandistas e importaciones indiscriminadas, que atentan contra el trabajo de la gente”, había dicho el ex candidato a Presidente.
A partir de entonces surgió una gran cantidad de reacciones desde economistas más o menos liberales y también desde el Presidente, quien lo mandó a chequear la información acerca de los niveles de importación, en base a que desde su punto de vista en ningún mercado la importación ocupa más del 2% o el 3%. También el ministro de Producción, Francisco Cabrera, salió al cruce de la propuesta de Massa y dijo: “Es una propuesta inviable y descabellada. Hay una falencia técnica”.
El proyecto
El texto ingresó ayer por Mesa de Entrada en Diputados. En primer lugar determina que todos los bienes de consumo que ingresen por Aduana y que no sean los estipulados dentro del capítulo 30 del documento de Comercio Exterior del Indec, es decir, los productos farmacéuticos, y los instrumentos y aparatos médico quirúrgicos, contemplados en el capítulo 90, deben ingresar por el Canal Rojo de la Aduana. Es decir: su ingreso no debe ser automático y libre sino que debe ser controlado documental y físicamente. De esa manera, el proyecto exige que se les aplique Licencias No Automáticas de Importación. Al aplica se sobre los bienes de consumo, quedan excluidos los insumos que formen parte de una cadena productiva. Por su parte, los bienes intermedios ingresarían por el Canal Naranja, que exige una revisión documental.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene: “Con el objetivo de garantizar que la producción de las Pymes nacionales no se vea perjudicada por prácticas desleales, resulta urgente que por un plazo de 120 días, prorrogable, se utilicen inteligentemente las herramientas hoy existentes para administrar el comercio internacional que otorga el marco de la OMC, que son las Licencias No Automáticas”.
“Esta medida de emergencia se aplicará a bienes finales de consumo y no deberá afectar a aquellos bienes intermedios que resulten indispensables para la cadena productiva nacional, así como tampoco a productos medicinales y equipamientos médicos. Es menester contar con la mayor cantidad de herramientas posibles que permitan un estricto monitoreo de aquellos rubros cuyo crecimiento exponencial derivaría en impactos que tienen una intensidad mayor en las pymes, que en la Argentina representan la mitad de las ventas, casi 70% del empleo y más del 98% de las unidades económicas formales”, especifica.
También propone la creación de un Registro de Posiciones Sensibles de Importación (RPSI) que permita monitorear la dinámica de ingreso de los productos cuya entrada masiva pudiera tener impacto en la actividad y el empleo. El Ministerio de Producción y el Consejo de Monitoreo y Competitividad para las Mipymes deberían realizar ese listado de productos en un plazo de 120 días. Y también insta al Gobierno a presentar la misma lista, en ese plazo, frente al Congreso, y propuestas de regulación para el ingreso de esos productos, además de programas de sustentabilidad para los sectores involucrados.
Por otro lado, el proyecto propone incrementos de penas y multas por el contrabando de mercaderías y estupefacientes. Eleva a 10 años el máximo de la pena para quienes eludan o falseen controles, convierte en no excarcelables esas faltas cuando involucran a un funcionario público, eleva a 12 años la pena máxima cuando el delito de contrabando involucra a 3 o más personas o incluyan violencia y eleva la pena de 5 años a prisión perpetua cuando el contrabando implica drogas o elementos peligrosos.
La coyuntura
La opinión de los economistas parece dividirse entre los que sostienen que no hay tal cosa como un aluvión importador y los que dicen que sí y que eso pone en riesgo el empleo, especialmente en el mundo de las pyme. En el primer grupo se pueden ubicar las palabras de Macri. La resolución de la dicotomía depende de qué dato se mire.
Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) durante los primeros 7 meses del año se importó 7,7% menos que el 2015. Pero si se observa la categoría de bienes de consumo se descubre que crecieron 20,3% en ese mismo período. Esto, en un contexto de recesión, implicaría un efecto de sustitución de productos locales por extranjeros.
